Ante la presión política, social y mediática tras las revelaciones del extesorero del gobernante Partido Popular (PP) de España, que acusó al presidente Mariano Rajoy de haber recibido dinero espurio durante varios años, el escándalo de corrupción se encamina al desenlace parlamentario, en momentos en que el país necesita superar una crisis sin precedentes.
El extesorero del partido oficialista, Luis Bárcenas, que durante dos décadas manejó las finanzas de la agrupación conservadora, admitió la semana pasada ante el juez que investiga la presunta financiación ilegal del PP que el partido mantuvo una "caja B” durante al menos 20 años, de la que dirigentes de la cúpula, entre ellos Rajoy, cobraron sobresueldos en negro. El denominado "caso Bárcenas” ha golpeado fuertemente al Gobierno y al Presidente, según una encuesta que refleja la caída del partido conservador en intención de voto, con un 30,7%, 14 puntos por debajo del resultado obtenido por el PP en las elecciones generales de noviembre de 2011. Son los peores resultados de la credibilidad del sector en las últimas dos décadas, señalan los analistas.
Frente al cúmulo de evidencias, Rajoy debió cambiar de estrategia y aceptó concurrir a la Cortes Generales (Parlamento) a dar explicaciones sobre los supuestos aportes financieros ilegales que le habrían permitido llegar al poder. La imagen presidencial no sólo se ha debilitado en España, sino también en el plano internacional, con fuertes cuestionamientos en los medios: no sólo debe convencer a los españoles de su honestidad sino demostrar al mundo financiero y en particular a sus socios europeos, que mantiene la fortaleza política para conducir el proceso de reformas económicas destinadas a salir de cinco años de recesión.
En la Moncloa señalan que el gobierno es consciente de que la recuperación depende en gran medida de cómo gestione Rajoy el escándalo del caso Bárcenas, más cuando les dice a los mercados que el principal valor de España es su estabilidad política, la misma que desde fines de 2011 le permitió sostener un drástico ajuste fiscal, extremar la flexibilización laboral y aprobar aumentos de impuestos para reducir el déficit. Ahora el apremio no sólo es conseguir ayuda sino que la corrupción no reavive las protestas multitudinarias de los indignados.
A diferencia de la corrupción gubernamental tolerada en otras latitudes, en las naciones desarrolladas no basta con negarla sino probar que una denuncia es infundada. De lo contrario, es el fin de una carrera política.