En medio de la polémica por la necesidad de fondos por parte del Gobierno para financiar el creciente gasto público, el superávit fiscal primario se contrajo en enero un 48 por ciento. En forma interanual, el gasto se expandió más que los ingresos. En este contexto, la pregunta que surge es, ¿qué pasará con las transferencias que les corresponden a las provincias? Más allá de cualquier reflexión al respecto, lo que se conoce es que el gobierno nacional reasignó una partida de $ 144,2 millones, originalmente prevista para atender necesidades de las provincias y municipios, y los derivó al programa "Fútbol para todos".
Un estudio de la relación financiera entre la Nación y las provincias requiere considerar, como mínimo, dos cuestiones fundamentales: por una parte, diferenciar entre los tipos de transferencias: las automáticas y las discrecionales; y, por otra, analizar la distribución de los recursos de origen nacional que reciben las diversas jurisdicciones provinciales. Analizando los recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos y leyes especiales que se distribuyen a nivel global, resulta indiscutible la desaceleración observada durante el año pasado y lo que va del presente. Esta situación es consecuencia de la desaceleración del crecimiento nominal de la recaudación tributaria nacional coparticipable.
Según el artículo 7º de la ley de coparticipación federal de impuestos, la proporción de recursos tributarios recaudados por la administración central que se transfiera automáticamente a los fiscos subnacionales debe ser, como mínimo, del 34 por ciento. A diferencia de lo ocurrido durante los años 90, a partir de 2002 se deja de cumplir con este piso, y el ratio promedio es cercano al 32 por ciento. Además de las transferencias automáticas de recursos, la Nación gira fondos a las provincias por otros conceptos, tanto de carácter corriente como de capital. La diferencia con las primeras es el carácter básicamente discrecional. Las transferencias no automáticas, en 2009 crecieron a una tasa interanual del 56 por ciento.
De este modo queda claro que en un país federal, hay provincias favorecidas o castigadas con los coeficientes de distribución de la coparticipación federal de impuestos, de acuerdo al grado de obediencia que muestren sus gobernadores al poder central, aumentando la coacción y la discrecionalidad.