Calderón prometió que los crímenes contra periodistas se federalizarán. Pero es tal la desconfianza, que hasta el diputado federal de su propio partido, Manuel Clouthier, descree las promesas. "No hay ambiente ni suficiente presión para reformar nada”, sentenció; quizás, recordando que ninguno de los 106 asesinatos de reporteros mexicanos en los últimos 20 años, fue totalmente resuelto.

Al crimen organizado se le puede achacar la violencia en contra de la prensa, pero es un efecto combatible. El problema es cuando las agresiones provienen del propio Estado, cuando el gobierno construye un andamiaje legal que le permite transformar sus ataques en actos lícitos y aceptables. En la reunión de la SIP se desenmascararon estas arbitrariedades. En muchos países esa figura legal la denominan "control social” como en Brasil, "nacionalización” de medios como en Argentina u observatorios y comisiones con la potestad de encarcelar periodistas, como en Ecuador o Bolivia. Hay leyes con todas las excusas, ya vigentes en Argentina, Bolivia y Venezuela; y proyectadas en Brasil, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, República Dominicana y Uruguay. La actitud y la tendencia de los gobiernos es que se debe domesticar a la prensa a como sea. Dilma Roussef prometió que impondrá una nueva ley de medios a pesar de que haya o no consensos.

Por el contrario, las leyes que están cayendo en desgracia son las que obligan a los gobiernos a ser más transparentes. Las leyes de acceso a la información pública están inactivas, ineficientes o eliminadas, como en Ecuador. Y las proyectadas para transparentar el Estado en el uso de recursos públicos para la publicidad oficial, como en México y Argentina, son rezagadas o cajoneadas. En EEUU ningún gobierno había perseguido judicialmente tanto la infiltración informativa como Barack Obama, mientras sus promesas de mantener el Internet libre de intervención estatal, están a punto de desvanecerse con un par de proyectos en el Congreso.

El desafío es grande ante este sombrío panorama, pero ninguno tan importante como educar al ciudadano para que entienda que cuando matan a un periodista en México, cierran un canal en Venezuela, apresan a un reportero en Ecuador o denigran a otro en Argentina, no son los periodistas ni los medios los que pierden, sino el derecho de cada persona a saber, a estar libremente informada. Que haya prensa sensacionalista o tendenciosa no es tan malo, como que se le quite a la sociedad la capacidad de poder elegir y valorar los medios para informarse, dentro de una gama de medios independientes, plurales y diversos. Es ahí donde reside el valor de la libertad de expresión.

Mejor comprendería el ciudadano esta ecuación si supondría cuán espinosa sería su vida si la información que envía por carta a un amigo o la que circula por su cuenta de Facebook, Twitter o en algún blog, fuera censurada por el gobierno, restringida por ley o lo llevaría a la cárcel como en Cuba.