Hace cerca de cien días que el Congreso nacional ha pasado a ser expresión de lo que la ciudadanía no desea ni votó mayoritariamente en la última renovación parlamentaria. Diputados y senadores que no cumplen con su deber de sesionar, debatir, expresar ideas, proyectos y propuestas que el país necesita hoy, mientras que cobran puntualmente sus dietas.

Hasta ahora, todo han sido debates para disputarse el poder, pero no como para lograr que en base a leyes justas el poder busque dar respuestas a las necesidades de la ciudadanía y al progreso auténtico de la Argentina. El diputado santafesino Alejandro Rossi, por ejemplo, presentó un proyecto de ley para someter a los jueces a un examen periódico cada cuatro años. Con ese criterio también se debería impulsar a una evaluación similar a los legisladores provinciales y nacionales, para considerar su preparación, competencia y aptitud.

Pero no se trata de gobernar, legislar o impartir justicia de acuerdo a los caprichos del momento sino teniendo en cuenta y respetando lo que establece la Constitución Nacional. La estabilidad de los jueces en el cargo es una garantía constitucional mínima, para que los magistrados procuren ser independientes. Desconocerla, sólo apunta a hacerlos aún más dependientes del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, someter a los jueces a un examen, además de ser anticonstitucional, va en contra de la experiencia política por dos motivos. En primer lugar, si los jueces para conservar el cargo deben rendir examen y, si no lo aprueban, son removidos por juicio político, en lugar de ponerse a estudiar, seguramente se sentarán a negociar con el poder político que les vaya a tomar examen.

En segundo lugar, los abogados y funcionarios que rinden examen en el Consejo de la Magistratura para ser nombrados jueces de primera o segunda instancia saben que no alcanza con dar el mejor examen para ser designado juez. Se sabe que muchos que sacaron malas calificaciones, con la ayuda de los políticos terminaron desplazando a los profesionales más brillantes y que sacaron muchas mejores calificaciones. El país necesita leyes que, lejos de ser enunciativas o declarativas, tengan el genio operativo necesario para reunir apoyos y prolongarse al menos durante un par de décadas.

Es hora que quienes integran el Congreso Nacional no causen más hastío en la gente; ayuden a que la democracia deje de ser un slogan de campaña y pase a ser una realidad vital sobre la cual crezca la República y maduren cívicamente los ciudadanos.