Los servicios públicos en Argentina fueron durante mucho tiempo prestados por el Estado en monopolio. Correos, teléfonos, petróleo, gas, electricidad, agua, cloacas, aerolíneas, rutas, dieron origen a otras tantas empresas que funcionaban con criterios mixtos, tenían estructuras comunes a las empresas y a su vez conducciones puestas por los gobiernos, el capital era del Estado. Ese capital social fue transferido al sector privado atendiendo al principio de subsidiariedad, es decir, el Estado puede comenzar una actividad porque es necesaria mientras no resulte atractiva para el sector privado, pero cuando las condiciones cambian, el Estado puede desprenderse de ese capital. A esa conclusión se llegó en 1991 por dos razones: por concepto y por necesidad, veníamos de dos hiperinflaciones habiendo llegado al 30% mensual de inflación en algún caso. Era evidente la necesidad de desprenderse de negocios que eran deficitarios, aquí perdía plata hasta YPF cuando es sabido que el petróleo es buen negocio en todo el mundo. Mezcla de voluntarismo, de no calcular los precios según criterios normales de cualquier actividad y de fuertes presiones sindicales que, de no ser el "Estado bueno" las hubieran conducido a la quiebra, las empresas se debatían en la agonía y la ausencia de progreso e inversiones además de estar fuertemente endeudadas. De hecho, muchas estuvieron quebradas contablemente pero el hecho estaba tapado por la alfombra de la inflación. A partir de ese momento, para no dejar indefensos a los usuarios de servicios naturalmente monopólicos, como la energía, el gas y el agua, se crearon los entes reguladores. Estos tendrían la función de ejercer como competencia virtual vigilando toda la serie de costos computando también una ganancia razonable y un monto para futuras inversiones de cada compañía como ítems para la formación de la tarifa final a cobrar al usuario. Claro, en esos casos los usuarios constituyen un mercado cautivo y para colmo de bienes esenciales, por lo que se requieren controles estrictos. Todo iba bien mientras no había inflación ni devaluaciones, recordemos que regía la convertibilidad al tipo de cambio 1 a 1 con el dólar. Se suponía que, con una buena tarea de los entes reguladores, el precio con el tiempo tendería a bajar por mejoras en la eficiencia que los entes exigirían a las empresas. Eso duró una década. Durante ese lapso las revisiones de tarifas estuvieron acordadas cada 5 años como pasó en San Juan con la empresa distribuidora de electricidad. En el caso del gas, el régimen de revisión comenzó en 1992. La reaparición de inflación más la "pesificación" de la economía dispuesta en 2002 que implicó una fuerte devaluación, obligó a rever las reglas de relación entre compañías y usuarios debiendo hacerse los eventuales cambios ya no cada lustro sino cada 6 meses. Lo que ahora se ha presentado como un pago retroactivo levantando tanta polvareda no es que antes no se hubiera hecho, ya se hizo con el kirchnerismo. Pasa que ahora el impacto fue mucho mayor por haberse devaluado el peso nada menos que el 106% en lo que va del año, la mayor parte durante los meses previos a octubre, fecha de publicación de la nueva tarifa a regir para el año que viene. El derecho de las empresas a reclamar por una diferencia de la que no son ni culpables ni actores es indiscutible en una mesa, porque se trata de aplicar lo establecido en los contratos que son de más de 20 años atrás, y que incluyen valor dólar para una parte de los costos de producción. Todo lo demás es "política", palabra que en nuestro país quiere decir muchas veces irracionalidad y algunas una lucha despareja en que siempre pierden los más pobres, sin fuerza ni conocimientos para reclamar. La propuesta de Iguacel era que, antes de mandar facturas con la corrección acumulada en los meses previos, que hubieran sido exorbitantes en enero, se distribuyera ese monto en 24 vencimientos en otros tantos meses. Resistida esa medida que obligaba el pago a quien corresponde que es cada usuario que consumió gas, ahora pagará el tesoro en 30 cuotas a las petroleras. Es lo mismo que decir que, al cargar la mochila a los impuestos generales, el problema financiero será afrontado tanto por los que tienen gas como por los que no tienen, una gran mayoría que no vive en la Capital. Hay provincias que no tienen gasoductos, nuestros departamentos alejados viven con garrafas. Para agregar algo digamos que a la petrolera que más se debe es a YPF, que es nuestra, se volvió a estatizar luego de estafar a los españoles y de ser condenados a indemnizarlos en el CIADI. La distribuidora que más debe a YPF es la porteña Metrogas, que a su vez es propiedad de YPF. Nos negamos a pagarnos a nosotros mismos y en consecuencia empujamos a la quiebra a nuestras propias empresas. Es notorio cómo se nombra a cada cual como "las petroleras" o "las distribuidoras" como si fueran algo ajeno y que debieran hacerse cargo de los problemas entre ellas. Para más, como estuvo a punto de intervenir la Justicia por pedido de algunos fiscales y entidades intermedias, no faltó quien en el propio gobierno sugiriera que en el futuro se demanden unas a otras para dejar al gobierno fuera del costo político. Más patético es haber escuchado a una senadora quejarse de que nuestras propias empresas hubieran ganado plata. También algún otro legislador se quejó de que algunas de estas empresas hayan repartido utilidades después de que estuvieran muchos años con balances negativos en miles de millones. ¿Se supone que porque sean estatales tengan que gestionar a pérdida o no cobrar sus servicios? El colega Hernán de Goñi tuvo gran poder de síntesis en un título de "El Cronista": Ganó el 2019, la política ya pesa más que hacer lo correcto. Oficialistas y opositores luchan por ver quién molesta menos a los electores. Resultado, como tantas otras veces se patea la pelota para adelante para que en su momento se haga cargo de esta deuda el que venga. Como tantas otras veces se evita incomodar a las grandes urbes perjudicando a los pueblos pequeños y al campo. Si se sigue haciendo lo mismo se obtendrán siempre los mismos resultados. Las conductas de hoy tendrán su consecuencia mañana y no sólo en lo económico, también en lo cultural.