Es cierto que las nuevas leyes firmadas por los presidentes Enrique Peña Nieto y Dilma Rousseff podrían diluirse a nivel estatal, donde deben ser implementadas, pero representan el paso más importante en más de cinco décadas para mejorar los pésimos estándares educativos de la región.

Las leyes firmadas por Peña Nieto el 10 de septiembre introducen evaluaciones obligatorias a los maestros, y reduce significativamente el poder del hasta ahora todopoderoso sindicato docente. Según una ley de 1963, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México, o SNTE, elegía el 50% de los docentes del país, mientras el 50% restante era designado por el Estado. Esto generaba corrupción porque decenas de miles de maestros recibían un sueldo sin ir a clase, y los docentes que se retiraban podía vender sus empleos vitalicios, o se los dejaban de herencia a sus hijos, sin ningún filtro.

La nueva ley, que está provocando violentas protestas sindicales, establece que tanto los nuevos maestros como los que están en funciones deberán someterse a un examen de evaluación. Los candidatos tendrán dos oportunidades de aprobarlo para ser contratados, y los maestros en ejercicio hasta tres oportunidades de aprobarlo para poder seguir enseñando o ser ascendidos.

Esta reforma educativa fue aprobada por el Congreso tras el descontento público por el hecho de que México permanentemente ocupa los últimos puestos en los exámenes internacionales de estudiantes, como el test PISA.

En Brasil, Rousseff firmó una ley que destina el 75% de los ingresos petroleros a la educación. El Congreso aprobó la reforma en medio de manifestaciones callejeras de millones de personas que exigían un mejor sistema educativo, portando pancartas que decían "’Menos fútbol, más educación”. Se estima que la nueva ley inyectará más de u$s 30.000 millones a la educación pública de Brasil en los próximos 10 años.

Desafortunadamente, otros países latinoamericanos, caso de Venezuela y Argentina, no han invertido los ingresos de su bonanza económica de la última década en mejorar la calidad educativa. En Venezuela, la escuela pública ha caído tanto que -ironías de la "’revolución Bolivariana”- hay un auge de la escuela privada.

Mi opinión: Mucho dependerá de cómo se implementarán estas leyes, pero la buena noticia es que hay una creciente presión popular tanto en México como en Brasil para mejorar la calidad educativa. En ambos países hay una mayor conciencia para revertir los últimos puestos de las pruebas estudiantiles estandarizadas como el examen PISA. Y hay mayor conciencia de que en la economía global de hoy, la educación de calidad -más que los recursos naturales, o el trabajo manual- es lo que hace que los países produzcan bienes más sofisticados, y sean más prósperos.

Lo más importante será que la ciudadanía mantenga la presión para que mejoren la educación, porque los políticos tenderán a pensar que ya hicieron su labor al aprobar la ley, y estarán tentados a ceder ante las protestas de los sectores más retrógrados del sindicalismo.