Si el escándalo desatado por la difusión pública de un video donde aparecen tres hombres y una menor manteniendo sexo oral, de por si es repugnante, la gravedad del hecho toma una magnitud insospechada cuando es la misma sociedad del lugar la que sale manifestar su apoyo a los abusadores, al punto de que hasta el propio intendente insinúa haber tomado partido en favor de los acusados.
Abusar sexualmente de una menor de 14 años, filmar el delito y distribuir las imágenes por Internet, es una conducta delictiva que no da lugar a dudas, ni a segundas interpretaciones, acerca del comportamiento de los tres imputados de 24, 28 y 31 años, aún cuando no hayan ejercido violencia y la niña haya consentido el atropello. Sin entrar en el laberinto de los procesos judiciales, se trata de un caso de abuso sexual agravado, corrupción de menores y divulgación de imágenes, filmadas ex profeso, para que puedan ser observadas por millones de personas.
El Código Penal, en su artículo 120, es claro en cuanto a la pena que cabe al que abuse sexualmente de una menor de 16 años, aprovechándose de su inmadurez sexual en razón de la mayoría de edad del autor. No obstante la procacidad que pudiera tener la víctima -en el pueblo al llamarla "la rapidita"-, es absurdo suponer que una nena a los 14 años está en condiciones psíquicas de proponer tener sexo con un grupo de adultos. En estas circunstancias es el adulto el que debe medir las consecuencias y rechazarla de plano.
Sin embargo, el vecindario de General Villegas salió a la calle a manifestarse, no por la sanción social ejemplificadora que merece el abuso flagrante sino solidarizándose con los tres victimarios, los que siguen en libertad porque todavía el juez Gerardo Palacios Córdoba no pidió la detención a pesar de que podrían corresponderles hasta 15 años de prisión.
La sociedad complaciente en el marco de la lentitud de la Justicia y hasta con el pedido de "objetividad" solicitado por el intendente Gilberto Alegre, aludiendo a la calificación atenuada que parecen pedir todos en favor de los delincuentes, ha hecho que la familia de la menor perjudicada deba abandonar General Villegas por temor a las reacciones populares que han trastocado toda la razonabilidad y la moral de las personas de bien.