A principios de agosto último, Correo Argentino incrementó los precios de la mayoría de sus servicios postales. Los aumentos, que promediados arrojan un porcentaje de 23,7%, fueron dispuestos a raíz de las recientes alzas salariales obtenidas por el Sindicato de Choferes de Camiones. Casi las dos terceras partes de los costos que afronta el correo oficial corresponden a remuneraciones. También se verificaron subas en las tarifas de correos privados, aunque en niveles menores.
La historia de este tradicional servicio público está vinculada a aspectos vinculados con su administración y al volumen de cartas simples despachadas comenzó a declinar a partir de los años 70, por avances tecnológicos en la forma de comunicación y por cambios de hábitos.
La posibilidad de mantener comunicaciones telefónicas de larga distancia, el telex, el fax y -en los años 90- el correo electrónico, explican la merma en la cantidad de piezas postales simples escritas y enviadas.
Un informe del Mercado Postal de la Comisión Nacional de Comunicaciones para el año 2007, señala que la carta simple ocupó apenas un 21,8% del total de piezas postales despachadas en la Argentina, contra un 44,3% de la "carta factura", es decir, un tipo de correspondencia de marcado carácter comercial.
El correo tiene la particularidad de ser el primer servicio público regulado en el país. En 1876, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, se dispuso que la Dirección General de Correos y Telégrafos controlara y prestara de manera exclusiva, el servicio postal. Esto rigió durante 96 años, hasta que en 1972 se creó la empresa Encotel y ratificó el monopolio estatal del servicio. En 1993, se concluye el denominado proceso de desregulación, al suprimir la reserva postal exclusiva a favor del Estado nacional.
El carácter público del correo emana de la Constitución Nacional. En el texto original de 1853/60, se estipuló que sus rentas integraran los fondos del Tesoro. Esta disposición no fue alterada en la reforma constitucional de 1994.
En 1997, se decidió la privatización del servicio postal estatal y se adjudicó el negocio a un consorcio empresario que debía abonar un canon anual de 102.300.000 pesos. Esa suma se pagó sólo durante los primeros dos años y en septiembre de 2001, la empresa concesionaria entró en concurso de acreedores. En 2003, el PE determinó el regreso de Correo Argentino a manos del Estado.
La eliminación de la reserva postal exclusiva significó la apertura de un mercado que actualmente se divide entre el correo oficial y firmas privadas.