Las desventuras políticas no se hicieron esperar en la administración de poder en nuestro país. En medio de alternativos cambios democráticos y de una profunda crisis inflacionaria los pilares de la institucionalidad se han resentido. Si en un determinado momento de nuestro pasado cercano se pudo lograr cierta estabilidad económica, gracias al precio y a la mayor necesidad de las materias primas en el mercado mundial, no es menos cierto que simultánea y subterráneamente el aparato financiero y cambiario comenzó a operar grandes cambios que escaparon al diálogo y el consenso que se avizoraba como imagen de lo más coherente por venir.
Es que cuatro de las fundamentales crisis que se viven como la económica financiera, política institucional, territorial y social, se presentan hoy como más actuales que nunca. Así mismo los casos relacionados con la corrupción política reflejan desde la última década un acentuado marco de persistencia. Causas e imputados han comenzado a desfilar por los corredores de los estrados judiciales.
Y como si esto fuera poco se le agrega un aditamento más en el que instituciones claves vinculadas a los feligreses también ven de cerca cómo este fenómeno de causas e imputados surge como si nada de entre medio de una sociedad que trata por todos los medios de estabilizarse a costa de una entrega permanente al trabajo. Uno de los ejes de estos sucesos se observan en las actitudes de quienes están involucrados.
Casi todos los actores sociales tienen una actitud positiva frente a la participación que les cabe para esclarecer de manera más favorable hechos ocurridos en la Argentina en los últimos tiempos. Esto indicaría que se requiere por parte de tales actores, y en especial del mismo pueblo, una particular forma de percibir y comprender la realidad social que le toca vivir, para promover así un verdadero cambio en el control social del sistema que imparte justicia.
Esto insinúa a los implicados y no al pueblo que ve cómo se diluyen sus posibilidades de aportes a un sistema que no termina por reconocer la honestidad como valor de la persona humana. No obstante ello, confiar en la Justicia y la independencia de los poderes del Estado es una meta anhelada que puede estar más cerca de lo que se supone, si se actúa con patriotismo y sentido común.