El miedo que mantiene en zozobra a la sociedad por la ola delictiva que crece en violencia y modalidad, ha transformado la impotencia generalizada en irracionalidad, al buscar como solución ejemplarizadora la justicia por mano propia. La sola mención de la primitiva Ley del Talión (ojo por ojo, diente por diente) nos retrotrae a un estado de barbarie antecesor de la civilización.
Los ataques de grupos de vecinos a ladrones sorprendidos in fraganti, hasta llegar al linchamiento, son agresiones y asesinatos que no pueden considerarse como actos de "justicia” y agravan mucho más el clima de violencia por el efecto contagio que promueve una sucesión de furia incontrolable ante la falta de protección o la rápida respuesta que se espera de las fuerzas de seguridad y de la Justicia.
Al linchamiento lo potencia el impulso irreflexivo de supuestos vengadores de quien ha sido despojado por un malviviente aprendido, sin medir las consecuencias, porque la lógica y la razón son superadas por los instintos. La bronca colectiva por vivir enrejado, o la incertidumbre del que tiene que salir por sus obligaciones diarias, lleva a perder la credibilidad institucional hasta generar estos desbordes intempestivos.
Quien comete un delito, por grave que sea, debe tener un juicio irreprochable. Y el vecindario, cansado de vivir a la defensiva, puede actuar alertando a la policía y exigiendo a las autoridades mayores esfuerzos en materia de seguridad, sin el permisivismo ideológico o la morosidad burocrática que incentiva a la delincuencia al sentirse impune. Peor aún si el garantismo progre permite las salidas transitorias o disminución de penas hasta de reos reincidentes.
Por eso nada podrá solucionarse si la inseguridad pública no se ataca en forma integral, con políticas activas y los mecanismos constitucionales que garantizan el derecho a preservar la vida y los bienes de las personas. Es decir otorgar a la ciudadanía una garantía que es responsabilidad inalienable del Estado con el debido proceso para el juzgamiento y la aplicación de las penas sin interpretaciones subjetivas.
Lo rescatable es que la mayoría de la población rechaza el brutal método empleado por grupos aislados contra presuntos delincuentes. Una consultora privada hizo un relevamiento de opinión en Buenos Aires, entre el martes y el jueves últimos, con un rechazo del 70% de los encuestados, contra un 28% que mostró satisfacción por la absurda reacción temperamental.