El 15% de los homicidios en la provincia de Buenos Aires fue cometido por menores de 18 años, según datos correspondientes al primer semestre de 2010, el último suministrado por la Corte de Justicia bonaerense, y disparador de la discusión sobre si es necesario bajar la imputabilidad de los menores.

Mientras esos chicos estaban en conflicto con la ley penal, en el Congreso de la Nación hacía un año que los legisladores habían congelado el tema. Son 170 personas que, en promedio, mueren cada año en el conurbano bonaerense a manos de precoces delincuentes. Pese a la cantidad de muertes asignadas a menores, los legisladores dudaron sobre la respuesta a esta cuestión hasta que semanas atrás la propia presidenta Cristina Fernández habilitó de hecho el inminente debate en Diputados.

Por ahora el proyecto oficial, que parece no contar con el visto bueno de la presidenta, tiende a mantener la edad de responsabilidad penal en 16 años y no permitir penas mayores de tres años por homicidio. Por otra parte, el Peronismo Federal, el Pro, parte del radicalismo y Elisa Carrió apuntalarán los cambios previstos por los senadores. En ese proyecto se contempla disminuir la edad de imputabilidad a 14 años y castigar con penas escalonadas en dos franjas (14/15 y 16/17) los homicidios con tres y cinco años, respectivamente.

Desde hace tiempo, se pone en el ojo de la tormenta a los niños y los jóvenes que protagonizan hechos delictivos. En lo que a ellos atañe, el Poder Judicial tiene muy poca injerencia en la actualidad. El marco legal para entender la cuestión es el artículo 75, incisos 2 y 23 de la Constitución Argentina que ratifica e incorpora la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. La ley 26.061 reglamenta su aplicación. Y con la nueva ley, el Poder Judicial empieza a delegar sus funciones en los Poderes Ejecutivos de las distintas jurisdicciones, según sea el lugar donde el niño o el joven tienen fijada su residencia. Mientras que los actores que deben hacerse cargo de las políticas sociales tienen sus disputas, se crean estadísticas para anotar los muertos por la inseguridad, víctimas y victimarios. Muchas veces, cuando aparece un "caso problema", las distintas dependencias públicas eligen señalar las responsabilidades a los otros antes de buscar una posible solución.

Mientras no exista una verdadera intención de trabajar en concreto por un cuidado comunitario de la minoridad en riesgo, en lugar de tener mayor seguridad, la vida de muchos chicos corre un grave riesgo de sumarse a las estadísticas.