El titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, defendió la actuación de los jueces, asegurando que no cederán a ninguna presión en causas de relevancia pública, ya que en la imparcialidad se juega la credibilidad de cada uno de los jueces.

Hoy en día el desafío no es sólo tener una Justicia independiente y eficaz, que mantenga vigente con prudencia y energía el sistema constitucional y legal, recuperando los ejes de libertad y seguridad de nuestra Constitución. El actual desafío es que cada juez actúe sin temer ni sufrir represalias y tampoco sin convertirse en actores políticos. Quienes integran el Poder Judicial deben reconocerse como uno de los tres poderes del Estado, sin cuyo control los otros dos tarde o temprano avasallan a la ciudadanía.

El ejercicio de este rol político moderador es una asignatura pendiente para nuestro sistema judicial, que no ejerce totalmente el enorme poder que la Constitución Nacional le reconoce. Las doctrinas de las "cuestiones políticas no justiciables”, de las "zonas de reserva de la administración” y otras tesis que eximían a los gobiernos del control judicial habrán sido justificadas y hasta positivas en el pasado, pero hoy los jueces son los únicos garantes de los derechos humanos, políticos y económicos, por lo que sí deben entrar en esos sectores.

Se debe resaltar que el Consejo de la Magistratura no es un instrumento de presión contra los jueces. De hecho, hay poquísimos casos de remoción de magistrados en los años transcurridos desde el inicio de este organismo. Nada indica que en su actual composición, que durará hasta noviembre de 2014, algún sector tenga mayoría absoluta en el Consejo. Sólo desde un Poder Judicial valeroso e independiente se puede recuperar el respeto a la Constitución y a todas las leyes. Su función de moderación, balance y limitación de los otros dos poderes es la razón de su existencia.

Se dirá que esto implicará la judicialización de la política. Quizá, pero es la única opción frente a la posible tentación de querer renegar de la negociación como mecanismo de gobierno y de la tolerancia a la diversidad como imperativo de convivencia. Solo el buen criterio legal justificará que en algunos casos la política se judicialice, porque judicializar implica hacer valer el imperio de la ley y no el de la fuerza.

Como dijo Max Weber, los jueces son los garantes de la seguridad jurídica y deben actuar con sabiduría y criterio para reforzarla o recuperarla cuando se debilita o se pierde.