Los riesgos laborales han sido determinados en todo el mundo a partir de las conclusiones de los estudios de los organismos de las Naciones Unidas, como la OIT y la OMS y cada país ha legislado normas para cubrir las consecuencias psicofísicas del sector.

Prácticamente todas las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo atienden estos problemas derivados de largas jornadas de trabajo, los sobreturnos u horas extras, cambios de funciones a los que es necesario adaptarse, fuertes presiones y exigencias de la gran competencia laboral o profesional que plantean alteraciones psicosociales que antes no se consideraban riesgos de trabajo. Es decir, la evolución de las patologías psicosomáticas dominan la tensa relación del empleado paciente con las auditorías médicas, como ocurre en el sector docente de San Juan.

La complejidad de los diagnósticos da lugar a dudas y planteos, pero la relación de empleadores y empleados es también caldo de cultivo de asociaciones ilícitas que aprovechan los vacíos legales y las dificultades para determinar una alteración psíquica producida por el trabajo, y con una serie de complicidades logran resarcimientos de las ART por las falsedades planteadas.

En Córdoba fueron procesados cuatro abogados y dos médicos en el marco de una estafa millonaria a la ART con reclamos apócrifos de empleados de la Municipalidad de esa ciudad, que fueron resarcidos como consecuencia de la debilidad del sistema. Este es un ejemplo de hechos similares -algunos impunes- en el resto del país, incluyendo a San Juan, siendo el caso más resonante el que llevó hace poco al juez federal Leopoldo Rago Gallo a procesar a cuatro abogados sanjuaninos, a tres médicos, uno local y los otros cordobés y tucumano, y a un obrero de un yacimiento calero de Sarmiento. El grupo armó una asociación ilícita que inventaba casos de sordera en los obreros mineros que se prestaban a la maniobra y así estafaban al Estado, al saquear un fondo especial para indemnizar discapacidades laborales.

La gravedad de la maniobra, que se venía investigando desde 2008, a partir de la denuncia de un empresario calero sorprendido por la cantidad de sordos que esa industria generaba, fue determinante para desbaratar esta "industria del juicio”, certificada por médicos a pacientes truchos, aconsejados por letrados inescrupulosos.