El informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Venezuela es lo más devastador que se ha visto en materia de crímenes de estado desde los días de las dictaduras militares sudamericanas de los años setenta. Entonces, ¿por qué tantos autoproclamados luchadores de los derechos humanos siguen guardando silencio sobre las miles de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela?
El informe de la ONU dice que ha habido al menos 6.856 muertes sospechosas de opositores durante operaciones de seguridad del gobierno venezolano en el período de 17 meses que terminó en mayo de 2019. Muchas de ellas fueron ejecuciones, según el informe.
Esa cifra es más del doble del número de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas durante la dictadura de 17 años, de 1973 a 1990, del dictador chileno Augusto Pinochet. Y también es comparable a las desapariciones forzadas durante períodos similares durante la dictadura de Argentina, de 1976 a 1983. Y, sin embargo, ¿dónde está la indignación de muchos de los autoproclamados defensores de los derechos humanos que han denunciado -con razón- las atrocidades de las juntas militares derechistas de los años 70?
Para ser más precisos:
Como es habitual, los aliados de Maduro tratan de defenderse tildando a sus críticos de "derechistas”. Pero esa excusa es risible: las organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado igualmente los abusos cometidos por dictaduras de izquierda y de derecha, al igual que lo hemos hecho muchos periodistas.
Así que aquí va el mensaje que López Obrador, Cristina Fernández de Kirchner y otras figuras políticas deberían escuchar: si no denuncian categóricamente los asesinatos en masa del régimen de Maduro, tienen cero autoridad moral para pronunciar las palabras "derechos humanos”.
Por Andrés Oppenheimer
Columnista de The Miami Herald y nuevo Herald, Miami, EEUU.