El problema de la inmigración en Estados Unidos, que afecta mayoritariamente a los latinos, ha tomado una repercusión inesperada ante la dura ley antiinmigratoria del Estado de Arizona y el Gobierno federal, en momentos en que el presidente Barack Obama busca el apoyo del voto latino a pesar de sus incumplidas promesas para regularizar a los indocumentados.
Desde que se aprobara la ley de Arizona, hace dos años, e impugnada por la Casa Blanca en virtud de que la Constitución le otorga al Gobierno federal la autoridad exclusiva sobre la política de inmigración, la gobernadora del Estado fronterizo, Jan Brewer, ha chocado reiteradamente con Obama en su intento de aplicar lo que se califica de una ley que llevaría a la discriminación racial, ante las amplias facultades que otorga a la policía para detener a sospechosos por sus rasgos latinos o las conductas que manifiesten. Además, considera un delito albergar en Arizona a inmigrantes ilegales e incluso transportarlos, lo que lleva a detener indiscriminadamente a la gente por la simple presunción bajo elementos subjetivos. La polémica gobernadora se escuda en que la lucha contra los indocumentados está prevista en la cooperación con la legislación federal y son facultades de ella asignar esas funciones a la policía estatal. Todo ello ha dado lugar a diferentes apelaciones judiciales hasta en la Corte Suprema de EEUU, por lo que las cautelares impiden la aplicación de la severa ley local calificada por los críticos como de discriminación racial. Pero ahora entre las polémicas y los trámites judiciales por avanzar o detener la aplicación plena, se mezcla la política donde demócratas y republicanos buscan el voto latino pero sin definir la cuestión de fondo.