San Juan viene dando buena respuesta a la convocatoria del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, implementado por el Gobierno nacional dentro de las estrategias para atenuar la inseguridad que vive la población, agudizada en los últimos años. El mecanismo de entrega voluntaria de armas ilegales, a cambio de una suma monetaria, registra 1698 unidades para el desguace, lo que representa alrededor del 53% de las armas declaradas en el Registro Provincial de Armas de Fuego (Repar), según informó este diario días atrás.
Cuando se puso en marcha en operativo, en 2006, las autoridades del Registro Nacional de Armas (Renar) explicaron que con este programa de entrega voluntaria de armas se pretendía reducir el número de muertos y heridos y salvar vidas, ya que tener un arma en la casa puede provocar un accidente grave. Es decir, poseer un elemento de alto poder de fuego que debe ser manipulado por tiradores expertos de práctica habitual o instructores, pero fundamentalmente se creó para reducir indirectamente la cantidad de armas en manos de delincuentes.
Por experiencia se ha comprobado que el principal acceso a las armas no declaradas es de quienes están al margen de la ley, de acuerdo a las estadísticas policiales y judiciales. En estos seis años de vigencia del plan, el Renar recolectó en todo el país 151.174 armas y 1.201.086 municiones, que salieron de esta forma de la clandestinidad para ser destruidas mediante una prensa hidráulica que aplasta el cañón como paso previo a la fundición del metal.
Precisamente la inutilización del armamento recolectado en esta campaña fue un tema polémico, a partir de denuncias de años atrás sobre el supuesto desvío de estas armas a organizaciones políticas, o bien robadas por no estar debidamente custodiadas hasta llegar a la fundición. Por ello se perfeccionó el sistema, de manera que ahora cada dependencia dispone de la prensa que actúa tras la entrega y, por otra parte, el Renar puso a disposición de la Justicia la base completa de datos de los usuarios de armas y portaciones, entregadas por el citado organismo.
Lo importante es que la recepción de un arma ilegal es anónima y no hay interrogatorios sobre la procedencia y tampoco se indaga si están registradas o no, tras lo cual se entrega el cheque por valores que deberían ser actualizados periódicamente.