El número de juicios de jubilados al Estado alcanzó durante el año pasado una cifra récord al pasar de las 52.606 demandas, durante el 2008, a las 103.643 registradas durante el 2009. No obstante, se calcula en 230.000 el total de reclamos en distintas instancias judiciales esperando una resolución para comenzar a cobrar la diferencia que se establece en la mayoría de los casos.
De todas estas presentaciones, el mayor número corresponde a los reclamos referidos a reajustes de haberes tramitados después que la Corte Suprema dictaminó que los ingresos de los pasivos debieron haber subido desde enero de 2002, siguiendo un índice predeterminado. Después de esa fecha, con la salida de la convertibilidad que establecía la equidad entre el peso y el dólar, la inflación comenzó a hacerse notar con subas de precios. Para evitar problemas sociales con uno de los sectores más sensibles de la sociedad, los gobiernos optaron por elevar sucesivamente las jubilaciones mínimas, dejando sin actualizar el resto de los haberes jubilatorios que estaban por encima del básico.
De acuerdo a las estadísticas proporcionada por el Fuero Federal de la Seguridad Social el aumento descomunal de demandas comienza a partir de 2004, llegando a su pico máximo en 2009 con las 103.643 demandas al sistema por no haber actualizado los haberes como está establecido legalmente.
Para este año se prevé que el número de demandas seguirá aumentando, en función a que la inflación es una de las causantes de este fenómeno. De no poder controlarse el índice inflacionario los juzgados continuarán recibiendo este tipo de reclamos, con la necesidad de expedirse lo más pronto posible, poniendo en serios aprietes al erario público que debe distraer fondos para estos planteos.