Al resolver el llamado caso Halabi, la Corte Suprema de Justicia de la Nación habló por primera vez en su historia de las "acciones de clase", un proceso ignorado por la Justicia argentina pero con fuerte desarrollo en otras partes del mundo, especialmente en los Estados Unidos.

La sentencia declaró la inconstitucionalidad de diversos artículos de la ley 25.873, que permitían interceptar las comunicaciones telefónicas y de Internet, por entender que violaban las garantías constitucionales de inviolabilidad de la correspondencia y privacidad. Las acciones de clase, son procesos en los que las sentencias no causan efectos solamente para las partes implicadas sino que sus consecuencias trasvasan al simple reclamante. Esto es, si hay otras personas que están en similares circunstancias que quien inició el juicio, serán alcanzados por el fallo, sin necesidad de un nuevo proceso, ya que sólo es necesario tener un derecho igual.

En los EEUU, el juez Thomas Griesa tramita en una de las "acciones de clase", el proceso que siguen miles de inversores que tienen en su poder bonos soberanos argentinos en default y que no entraron en el canje de deuda que impulsó el Gobierno entre 2004 y 2005. Pero Griesa no tramita un expediente por cada uno de los tenedores de bonos sino que tiene una causa que, al momento de fallar, la sentencia tendrá efecto en todos los reclamos. Lo que ese juez le diga a un bonista se extenderá a todos los que tengan papeles soberanos argentinos impagos.

Hasta ahora, en nuestro país primaba un principio que regía a todo el sistema jurídico: la sentencia sólo causa efecto entre las partes. Pero la Corte, que no se caracteriza por tibiezas en sus decisiones, ha cambiado ese basamento del derecho argentino. El máximo tribunal va mucho más allá, ya que este fallo significará un gran ahorro para los Tribunales, pues no habrá miles de procesos por un mismo tema. Basta pensar que el Plan Bonex instrumentado por el Decreto 36/90 en los inicios del gobierno de Carlos Menem, generó algo más de 1000 amparos. Lo relacionado con el modo de liquidar los haberes jubilatorios y su movilidad provocaron más de 77.000 causas, 55.000 tuvieron decisión detrás del fallo "Chocobar" y 22.000 se decidieron tras otros fallos. Sin embargo, algunos se mantienen hasta estos días.

La Corte no ha hablado sólo a los abogados, sino también a al Poder Legislativo, que poco ha hecho por dictar leyes que mejoraran las condiciones en las que los tribunales de todo el país tratan de hacer justicia en centenares de causas.