En una falta total de empatía con las necesidades urgentes y las mediatas de la sociedad, el gobierno de Alberto y Cristina ha tomado a la reforma de la Justicia Federal y a la regulación de las telecomunicaciones como motivo de la lucha en el campo político. ¿Intento de distracción para quitar la mirada de problemas más profundos y complejos? ¿Decisión de pisar el acelerador sobre cuestiones polémicas mientras nos mantenemos quietos en casa? ¿Intereses particulares que ganan espacio a los generales? ¿Todo junto? Tal vez. Lo cierto es que, no obstante manifestaciones en sentido contrario tanto de la oposición unida como de la gente autoconvocada en la calle, se ha seguido adelante con media sanción del Senado para la "reforma judicial" como con la redacción de un Decreto de Necesidad y Urgencia para el caso de las telecomunicaciones. La llamada Reforma Judicial es descripta engañosamente como un beneficio para el ciudadano común, tomando el ejemplo de la lentitud para la emisión de sentencias que quita a la justicia una de sus condiciones necesarias, la oportunidad. Falso. Las causas que ingresan a los Tribunales de jurisdicción federal están lejos de cualquiera de nosotros: narcotráfico, drogadicción, conflictos interprovinciales, evasión de impuestos, lavado de dinero, fraudes al estado nacional (en esta figura están comprendidos todos los funcionarios públicos), problemas penales en reparticiones nacionales, Vialidad Nacional, Banco Nación, Universidad Nacional, etc., es decir nada que ver con asaltos de motochorros, escruches en las viviendas, asesinatos, hurtos, robos, violaciones, violencia de género o de cualquier tipo, todas las cosas que pasan a diario a la gente común que no participa de secuestros extorsivos, facturas truchas, cobro de sobreprecios o pago o cobro de coimas en obras que dependan del Estado Nacional. ¿Dr., cómo se puede hacer para sacar a mi hijo de la cárcel? Señora, si la causa llega a juicio no hay manera, todas las pruebas están en su contra. ¿Entonces? Hay que bajar la causa. ¿Cómo? Eliminando pruebas. ¿Se puede? Sí, con 400 mil. ¿400 mil pesos? Dólares, con eso se aceita los engranajes de la justicia. Es fácil, otra forma es dilatar los trámites hasta el infinito, para que la "sentencia firme" nunca llegue. Es lo que sigue amparando a Carlos Menem, condenado en todas las instancias menos la última de la Corte Suprema. En 1995 se hizo explotar el polvorín de Fabricaciones Militares de Río Tercero para desaparecer las pruebas del contrabando de armas, murieron 7 personas y otras 300 resultaron heridas. De aquellos hechos han pasado 25 años y Menem sigue siendo senador, condenado, pero senador con fueros que impiden su detención que, además, por su edad, sería domiciliaria. Es raro que un político acusado de corrupción vaya preso. Comenzaron a ir cuando se instauró la llamada "doctrina Irurzum", desarrollada por el juez Martín Irurzum que justifica la prisión preventiva por dos causas: el peligro de fuga del imputado o la posibilidad de influir en la causa desde la libertad, por tener los medios o las relaciones para intimidar, comprar, dar vuelta testigos o destruir pruebas. Es decir, tener plata suficiente como Cecilia Roth, el personaje de la madre en la película "Crímenes de familia" que está en la cartelera principal de Netflix esta semana. La "doctrina Irurzum" es la que ha llevado a la cárcel a Lázaro Báez y su hijo, a José López, a Cristóbal López, a Amado Boudou y a buena parte de los funcionarios vinculados a la obra pública durante la gestión de Cristina Kirchner. La teoría contraria es la sostenida por Eduardo Zaffaroni (hasta el apellido parece gracioso en relación a "zafar") en la que el jurista dice que toda prisión preventiva es una condena anticipada y que se debe llegar siempre a la "condena firme", esa que nunca llega cuando se tiene medios para hacerla tardar. El propósito escondido entre los artículos de la ley que tiene media sanción es hacer cada vez más largo e intrincado el camino para demostrar que José López revoleó bolsos con 9 millones de dólares en el convento de General Rodríguez o que Jaime fue endulzado con yates y mansiones para dejar de controlar el mantenimiento de trenes, uno de los cuales causó la tragedia de Once, con otros 52 muertos y 789 heridos. Todo lo contrario a lo que se verbaliza por la simpática perdedora de la gobernación de Mendoza y actual senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. Multiplicar las ventanillas de Comodoro Py y otros juzgados federales con 908 nuevos cargos de altos sueldos para que, tanto particulares como periodistas, nunca encuentren dónde investigar, como en el cuento "Ante la Justicia" del genial Franz Kafka. De eso se trata. Según cuentan las cifras hasta el día de hoy, esto no pasaría el examen en la Cámara de Diputados. Tal vez sea por eso que la ex Presidente ha querido desligarse prematuramente de una eventual derrota manifestando que no es "su" reforma. En ese caso sería Alberto quien cargaría con esa mochila. Pero esa es otra historia.