Todo es difícil y, además, padecen el acoso de la AFIP, cuyos responsables en el plano nacional, en nombre de su potestad de orden política y constitucional, nunca se detuvieron a pensar que una biblioteca popular (de la gente, sin apoyo oficial) no gestiona beneficios para plantar flores en la fachada de su sede social, sino para poder abrir las puertas cada día con el fin de prestar un servicio incalculable, sin recibir del socio más que un óbolo, como bondadoso testimonio de colaboración o contraprestación para el uso del patrimonio bibliográfico.

Quizá por eso, siempre fueron cenicientas ante gobiernos nacionales, provinciales y municipales, a pesar de la existencia de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, única en Latinoamérica, cuya misión es considerada como una ‘alianza entre el Estado y la sociedad civil que contribuye a formar lectores y también ciudadanos’.

Creada en 1870 a propuesta de Domingo F. Sarmiento por la Ley 419, posee un registro de 30 mil voluntarios en todo el país que administran ad honorem casi 2 mil bibliotecas populares con actividades culturales de manera libre y pluralista. La Conabip alienta el contacto con las bibliotecas, y más aún a través de sus delegados como es el caso por San Juan de la Prof. María Etelvina Illa de Maimone y del vocal de la Comisión Directiva, Eduardo Sergio Calderón, sumado a la puesta en marcha en el gobierno de la expresidente Cristina de Kirchner del Programa de Inclusión Digital para todas las bibliotecas, de descuentos del 50% en la compra de libros durante la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, reuniones nacionales, los bibliomóviles y las bibliolanchas, entre otros apoyos. Pero la realidad muestra que las bibliotecas populares nunca están suficientemente asistidas o lo están mínimamente.

Por eso, el acuerdo al que llegaron la Biblioteca Popular ‘Franklin’, que celebra en 2016 el 150¦ aniversario de su creación, y el gremio Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) San Juan, resulta muy satisfactorio y ejemplificador. Se trata de un acta complementaria por el cual UPCN tiende la mano a sus afiliados pagando el valor del 50% de la cuota social de la Franklin correspondiente a 500 socios, unos 7.500 pesos. Si la cantidad de afiliados que se asocien supera los 500, el gremio abonará a la Franklin la suma equivalente a 1.000 socios, al 50% del costo de la cuota. De esta manera todos los afiliados que tengan interés en usar los servicios de la biblioteca Franklin adquieren el carácter de socios. Por ahora hay más de un centenar de afiliados del gremio que hacen uso del servicio y se espera vaya aumentado a medida que la masa total de afiliados conozca más este original convenio de cooperación, que fuera impulsado por el secretario general de UPCN, José Antonio Villa, y el presidente de la Franklin, Renato Ramiro López. Estas actividades conjuntas ‘de apoyo mutuo en beneficio de la comunidad sanjuanina’, como reza el acuerdo, son coordinadas desde UPCN por el secretario de Cultura, Lic. Luis Mallea, sumándose a la amplia programación de actividades que desarrolla exitosamente en ese ámbito el gremio más importante de San Juan.

Sería muy auspicioso que otros gremios o empresas de nuestro medio sigan el ejemplo de UPCN para permitir la mayor seguridad en el mantenimiento y subsistencia de la Biblioteca Franklin, ejemplo varias veces reconocido en todo el país, por su antigüedad y eficiencia. Y, paralelamente, aprovechar su valioso tesoro bibliográfico acumulado desde Sarmiento a hoy.