Pese a que dispone de recursos humanos y económicos, la Cámara Minera de San Juan ha demostrado un claro liderazgo en los fracasos comunicacionales de toda la actividad, esperando siempre que las autoridades asuman el costo de la toma de decisiones. La entidad perdió el brillo que Jaime Bergé supo imprimirle, no sólo en la defensa de la actividad sino en la transparencia y la claridad de los objetivos de una actuación empresaria que en los últimos tiempos se caracteriza por el apoyo en público a las autoridades, pero por lo bajo insisten en la promoción de todo tipo de cuestionamientos a la gestión del Ministerio de Minería de la provincia, o la Secretaría de Minería de la Nación, justo cuando un sanjuanino por fin pudo llegar a ella. Esto quedó en evidencia en el informe Fraser que lista los mejores lugares para invertir. San Juan fue la única provincia argentina que cayó más de 40 lugares en el ranking, gracias al voto de las empresas miembros de la Cámara Minera de San Juan. Claramente, esto no está en sintonía con lo que los empresarios repiten a las autoridades en actos y en reuniones oficiales.

La institución minera, como nunca antes, promociona la división de los proveedores al permitir que todos ellos se sumen como socios a su entidad y de esa forma debilitar aún más esas agrupaciones que no tienen los mismos intereses que las grandes empresas de exploración u operación de proyectos mineros metalíferos o del sector de la cal. Lo que sorprende además es que los códigos de ética y de conducta de muchas empresas mineras en su vida empresarial no tienen la misma vigencia o importancia dentro de los manejos internos de la Cámara Minera, como son la asignación de recursos, prioridades y en especial el desarrollo de actividades sin una planificación escrita, consensuada y aprobada. Parece que todo da igual, que se hace a gusto y placer de los comensales del momento, que no hay una línea, un horizonte. 

Recientemente, el Gobierno nacional dispuso que un porcentaje de los dólares que estas grandes conglomerados de inversores pongan en el país, podrán ser de libre disponibilidad; es decir, que pueden girarlos a sus sucursales. Si bien la decisión de Alberto Fernández no es todo lo que los empresarios pedían, ni es lo que correspondería, implica un adelanto, un envión para que los inversores ablanden la rigidez que vienen teniendo con la República Argentina. No hubo posición pública por parte de los mineros sanjuaninos, pero por lo bajo todos la criticaron y la tildaron de insuficiente. Tienen todo el derecho a opinar lo que quieran, pero decirlo en silencio no le suma a nadie. Si la idea de sostener una cámara de empresarios es para no opinar, la vida de esa cámara entonces no tiene razón de ser. De la deliberación suelen salir cosas interesantes. El silencio opaca cualquier pensamiento y es una forma cobarde de convalidar un solo mensaje. 

San Juan está viviendo un momento histórico: probablemente el año que viene se empezará a construir la mina de cobre más grande que tenga el país. Ese, como cualquier otro proyecto, necesita licencia social, que la gente lo apruebe. Y esa licencia social, ganada momentáneamente, no se sostiene no haciendo, no diciendo. Esa licencia social es un bien escaso en el mundo que hay que cuidarlo. No se escuchó ninguna posición de la Cámara respecto de ninguno de los puntos más duros o más blandos del Informe de Impacto Ambiental. Hasta ahora sólo los medios han escudriñado en la propuesta de los inversores, pero nada se escuchó de los principales interesados, que miran mudos cómo resurgen los cuestionamientos de opinólogos que pululan en redes y ganan el espacio que los mineros, en definitiva, pierden. 

Mario Hernández y su grupo están chocando casi sesenta años de lucha permanente por la supervivencia de una actividad que les da de comer, y bastante bien.