La Corte Suprema de Justicia dispuso actuar decididamente ante el gran avance del narcotráfico, y en forma inmediata y concreta por la amenaza que pone en juego seguridad de la población. Para los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, firmantes de la acordada 5035/2015, resulta imprescindible y urgente promover una política de Estado consistente, efectiva, coordinada y con claros objetivos regionales y nacionales para ayudar a los distintos operadores a solucionar un problema que excede las soluciones locales.

Esta Comisión para la lucha contra el narcotráfico, estará integrada por jueces federales de distintas regiones y representantes de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El fundamento se sustenta en la naturaleza delictiva del narcotráfico, cuya cadena y organización supera la jurisdicción de un único tribunal, y su gran complejidad de investigación exige que se extremen los esfuerzos de todas las autoridades a fin de obtener los mejores resultados. Sostiene que el esfuerzo individual de jueces de todo el país necesita ser complementado con el aporte de las fuerzas de seguridad, autoridades migratorias, y otras dependencias del Ejecutivo Nacional y provincias en una actuación conjunta.

La Corte señala que todo ello implica también la coordinación de múltiples factores, que incluyen, la comunicación entre los tribunales judiciales de distintas instancias y jurisdicciones, y de éstos con el Ministerio Publico y las dependencias con competencia especial en la materia. Además, suma un registro de causas judiciales en las que se investiguen casos de criminalidad organizada en materia de narcotráfico y delitos conexos, la capacitación de los operadores judiciales abocados a la persecución de estos delitos y la conformación de protocolos de actuación, entre otros puntos fundamentales.

El Tribunal superior asume la gravedad del caso por la ausencia de los otros poderes del Estado. Ya en 2013, los jueces de Salta y Jujuy informaron al presidente de la Corte que estaban en un "estado de emergencia\’\’ ya que las causas por drogas habían aumentado un 84% de 2005 a 2012. De inmediato la Corte solicitó a los ministros de Justicia y de Seguridad de la Nación que arbitren con urgencia las medidas reclamadas por los magistrados.

Pero el secretario de Seguridad, Sergio Berni, mostró la indolencia del Gobierno diciendo que cuando invita a los jueces, a trabajar en la frontera, muchos no van por el miedo las víboras, las arañas o les molesta el calor.