Un equipo de expertos en finanzas y derechos humanos de las Naciones Unidas está trabajando en un marco legal para que los estados miembros puedan terminar con el secreto que rodea a los llamados ‘paraísos fiscales’ y al mismo tiempo combatir la evasión fiscal que facilitan esas jurisdicciones extraterritoriales.
Si bien esas estructuras en ultramar pueden ser resultado de una actividad comercial legítima, el organismo estima que hay individuos que mantienen entre 7.000 y 25.000 millones de dólares en esas operaciones, lo que presupone una evasión fiscal gigantesca debido a la pérdida de ingresos tributarios de muchos países donde se ha originado esa riqueza, ascendiendo a cientos de miles de millones de dólares al año, no tributados.
En otras palabras, las maniobras de tener en el extranjero activos no declarados, equivale a robar a la sociedad. Por eso el experto independiente de la ONU en deuda externa y DDHH, Juan Pablo Bohoslavsky, y dos miembros del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, Jean Ziegler y Obiora Okafor, han exhortado a los gobiernos a establecer un órgano en las Naciones Unidas destinado a buscar la forma de eliminar el secreto, el fraude y la evasión fiscal facilitada por los paraísos fiscales.
Los analistas enfocan estas maniobras en el aspecto social, debido a los perjuicios que causa al erario en países con déficit de servicios públicos, tales como sanidad, vivienda, escuelas, infraestructura de transporte, seguridad y mantenimiento del orden público y la justicia. Por ello advierten que las corrientes financieras ilícitas incluyen fondos que, aprovechando los vacíos legales y otros artificios, eluden el espíritu de la ley, incluyendo por ejemplo, las operaciones de evasión fiscal que se ven facilitadas por el uso de sociedades en zonas extraterritoriales.
En la ONU se viene bregando por una justicia tributaria global y para eso se exhorta a controlar el blanqueo de capitales, pero el éxito no será posible a menos que los Estados miembros cooperen en el control y la regulación de las cuestionadas actividades de las empresas y personas con patrimonios extraterritoriales. La divulgación de la información sobre la propiedad efectiva de estas cuentas será una herramienta contundente para terminar con los refugios fiscales. Eliminando el anonimato que envuelve a la actividad financiera ilícita, serán recuperados los recursos que deben destinarse al progreso común.