Al inaugurar el año judicial, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lanzó una dura advertencia sobre la independencia entre los tres poderes del Estado, afirmando: "Los jueces no debemos gobernar y los otros poderes no deben judicializar sus decisiones innecesariamente. Es fundamental que cada poder del Estado cumpla con su función, y los jueces deben poner límites a las decisiones de las mayorías cuando contradicen la Constitución Nacional".
Desde hace tiempo los ciudadanos observan, casi rutinariamente, las consecuencias de la debilidad del principio de separación de poderes que prevé la titularidad del gobierno en las manos de tres órganos equilibrados e independientes que se deben controlar mutuamente conforme a un sistema de frenos y contrapesos previsto en la Ley fundamental para el logro de la autoridad limitada. Los embates de un Poder Ejecutivo hegemónico, manifestación extrema del "hiperpresidencialismo", va haciendo añicos esos instrumentos, irrumpiendo de manera arbitraria en el ámbito de competencia de los otros poderes y destruyendo las instituciones específicas de control. Es el Poder Judicial al que dentro de una República le cabe fiscalizar el cumplimiento irrestricto de las normas constitucionales y legales. Son los magistrados el último estadio ante el cual recurrir para que queden definidas las prerrogativas de los gobernantes, eliminando la arbitrariedad y asegurando la plena vigencia del derecho. Se hace urgente restablecer la seguridad jurídica que permite que se conozcan de antemano las reglas de juego, contenidas en normas jurídicas que operan como diques de contención a los caprichos de quien ostenta el poder. Cuando estos límites ceden y la observancia de las reglas queda sometida a la conveniencia y a la libre interpretación del ocupante del poder, el edificio institucional se debilita y se pone en riesgo el Estado de Derecho.
Nuestros constituyentes establecieron una justicia independiente capaz de garantizar la seguridad jurídica y la continuidad constitucional. El electorado se manifestó el 28 de junio pasado contra una forma despótica de ejercer el poder con el deseo de volver al gobierno de la ley, y son los magistrados los encargados de recomponer el orden constitucional en los momentos en que esté seriamente en juego la salud del orden constitucional.
La Justicia, último baluarte de la defensa de la libertad y de todos los otros derechos estratégicos de la ciudadanía, debe desempeñarse libre del manoseo de las fuerzas políticas dominantes. Los argentinos no debemos vivir resignados, sino como ciudadanos libres en un país democrático y con sólidos valores republicanos.