El Consejo de la Magistratura aprobó una auditoría sobre el Poder Judicial de la Nación, ordenada por la Corte Suprema de Justicia y enfocada principalmente en el fuero federal porteño, a fin de establecer cuántas y en qué estado se encuentran las diferentes causas por corrupción pública sustentadas en ese ámbito tribunalicio. La disposición tiende a determinar el grado de diligenciamiento impuesto a hechos de gran repercusión publica en los que la sociedad espera sentencias aleccionadoras.
El plenario del Consejo estableció por unanimidad de sus miembros que la inspección ordenada deberá comenzar a la mayor brevedad, estableciendo en la resolución 168/2016 requerir a la Cámara Federal porteña una lista de las causas en trámite que investiguen los delitos en cuestión, indicando la fecha de su respectivo inicio. Los consejeros consiguieron consenso para imponer la auditoría que fue votada incluso por los miembros identificados políticamente con el kirchnerismo.
Con la decisión del Consejo de la Magistratura se atacará de lleno a la pesada morosidad judicial, ya que se podrá controlar a los jueces desde el punto de vista de la gestión, de manera que actúen en tiempo y forma y, lo más importante, achicar drásticamente el tiempo de las instrucciones de las causas que en promedio duran diez años. Precisamente esto ha sido ponderado por el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, porque le va a dar a la ciudadanía la tranquilidad de conocer la transparencia de la gestión de un magistrado.
Es decir, se va a poder acceder cuando quiera no sólo para atrás sino también para adelante, a un expediente donde se investiga un tema de corrupción y se va a saber el movimiento que va teniendo la causa, por ejemplo si se mueve cada dos meses o cada tres años y, de esa manera, se podrá distinguir al juez que es diligente del juez desaprensivo, que por acción u omisión deja caer o cajonea un proceso.
En los sonados casos de corrupción en el Estado se ha podido constatar, a través de las actuaciones, que los jueces investigan a los funcionarios políticos cuando ya dejaron la actividad pública, como pasó con el expresidente Carlos Menem y varios miembros de su gabinete. Después, y durante más de una década, pasó lo mismo con el kirchnerismo, no obstante el cúmulo de evidencias aportado por el periodismo independiente. Por eso la impunidad escaló de manera escandalosa.