La Corte Suprema de Justicia de la Nación presentará en el Congreso un anteproyecto de ley que le daría mayor autonomía en el manejo de una parte del presupuesto judicial, actualmente a cargo de la Jefatura de Gabinete. La iniciativa tiende a evitar presiones desde el Gobierno cada vez que la Corte y el Consejo de la Magistratura deban pedir autorización para hacer gastos que no hayan sido expresamente contemplados en el presupuesto anual.

En la agenda judicial hay otros temas delicados, que afectan en forma directa a la ciudadanía, como la demora del Poder Ejecutivo y del Consejo de la Magistratura en cubrir 183 de los 909 cargos de magistrados federales. No obstante, el interés del Tribunal es impulsar la propuesta de lograr mayor autonomía financiera. Actualmente, el presupuesto judicial es de 5351 millones de pesos: 1273 millones van a la Corte y al resto del Poder Judicial y otros 4070 millones administrados por el Consejo de la Magistratura. Pero cada vez que la Justicia elabora su anteproyecto de presupuesto, el Ministerio de Economía le introduce fuertes recortes. De prosperar la iniciativa de la Corte, el Congreso deberá modificar la ley 11.672 complementaria permanente del Presupuesto, que introduce las restricciones que la Justicia quiere eliminar.

En la reciente IV Conferencia Nacional de Jueces, el presidente del alto Tribunal, Ricardo Lorenzetti, afirmó que, frente a la creciente demanda de respuestas, el Poder Judicial debería contar con más recursos, más autonomía presupuestaria y más jueces. Sin embargo, el magistrado omitió incluir en su discurso algunos matices que tienen estrecha relación con el desempeño de la Justicia, con la repercusión que sus decisiones producen entre la gente y los políticos, y con el tiempo que le toca vivir.

Los ciudadanos reclaman soluciones concretas a sus problemas laborales o jubilatorios. Pero, en una sociedad madura, las expectativas sociales también apuntan a que el Poder Judicial les garantice que no serán avasallados por el Gobierno. En una democracia gobierna la mayoría, pero el sistema republicano es mucho más que mayoría. El Poder Judicial debe limitar al poder político.

Desde hace un tiempo, son la presidenta Cristina de Kirchner, con sus críticas a las medidas cautelares, o el secretario de Comercio, Guillermo Moreno y el ministro de Economía, Amado Boudou, con sus ataques a los jueces que intervienen en la causa Papel Prensa, quienes presionan en forma inusitada en uno de los Poderes que tiene que ser independiente para que la democracia no sea una simple teoría.