Como consecuencia de las aplicaciones en la vida diaria de herramientas tecnológicas en diversas aplicaciones, los deshechos de aparatos, insumos y equipos eléctricos y electrónicos obsoletos, se suman a la basura domiciliaria con el agravante de que son elementos altamente contaminantes.

Según organizaciones ambientalistas, los argentinos arrojan unas 120.000 toneladas de residuos tecnológicos al año, sólo se recicla el 5%, y el resto va a basurales y a enterramientos sanitarios. La ausencia de una conciencia ecológica y de normas para el desguace y recuperación de los materiales es factible mediante procesos limpios y seguros.

Los componentes de televisores, pilas y baterías, computadoras, celulares y de electrodomésticos tirados a la basura sin ningún resguardo, entran en contacto con el resto de la basura afectando al medio ambiente y a la salud de los seres vivos. La presencia de metales pesados contaminan el suelo, las napas freáticas y el aire, si son incinerados, con liberación de gases tóxicos a la atmósfera.

Es un deterioro que puede llevar décadas para sanear suelos y aguas, o directamente son irrecuperables. Sin embargo, esta basura bien tratada, contiene metales muy valiosos como oro, plata, platino y cobre, que podrían ser reutilizados, al igual que los plásticos, convirtiendo el proceso en un buen negocio y a la vez minimizando el alto impacto de la contaminación.

Ante el aumento exponencial de los desperdicios eléctricos y electrónicos, en los últimos años, el Parlamento Europeo ha dictado una nueva reglamentación que obliga a los países miembros a implementar políticas que les permitan, en 2016, recuperar el 45% del equipamiento electrónico para que sea reciclado o desechado en forma adecuada. Esta norma obliga los comercios minoristas a disponer, a partir de 2014, de sectores en los que deberán recibir dispositivos electrónicos para ser reciclados.

En nuestro país un proyecto de ley, con media sanción del Senado, espera su tratamiento en Diputados, con el cual se dispondrá de una norma para regular en el territorio nacional la recolección y disposición de residuos informáticos. Pero si no se trata antes de fin de año, perderá su estado parlamentario y todo seguirá como hasta ahora, sin un sistema de gestión para frenar una contaminación letal.