El hombre sigue siendo el peor azote ambientalista y su depredación está amenazando el equilibrio ecológico, sustento de la biodiversidad del planeta. Frente a la vida salvaje el ser humano puede manifestarse en acción, omisión, irracionalidad o protección, según donde desarrolle sus actividades y el poder político que decide el futuro de la flora y fauna en peligro.

En estos días se dan dos casos contrapuestos que marcan sentencias, a partir de los intereses económicos del lugar. Por un lado, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz prevé declarar al guanaco "especie perjudicial”, en atención a su número, características biológicas y "daño económico y perjuicio social producido”, según sostiene, por lo que se autorizará la caza de camélidos en esa jurisdicción. La insólita medida parte del absurdo de declarar "plaga” a una especie autóctona porque supuestamente le quita espacio a la ganadería ovina, una irracionalidad política que deja perplejos a quienes defienden a una especie históricamente perseguida, de la que sólo quedaría el 10% de su población original en Argentina, Chile, Perú, Bolivia y Paraguay.

La ligereza de la resolución 184/12 santacruceña responde a las presiones de los ganaderos patagónicos, sin advertir que el guanaco puede ser una buena alternativa, o complemento altamente rentable, de la ganadería en zonas áridas. Basta señalar que la fibra de la lana de guanaco se cotiza a más de 150 dólares el kilo en el mercado internacional, una referencia de la potencialidad del recurso.

En el otro extremo de las decisiones sobre la vida salvaje, Costa Rica se convertirá en el primer país de América latina que prohíbe la caza como deporte, al introducir reformas en su ley de conservación. La medida también tiene un perfil económico, pero positivo, ya que los parques nacionales de Costa Rica atraen a unos 300.000 visitantes anuales y el turismo es uno de los principales ingresos del país centroamericano con unos 2100 millones de dólares equivalentes al 5% del PBI. El Parlamento costarricense no sólo busca proteger a jaguares, pumas y tortugas marinas, entre las especies más exóticas, del país -perseguidas por la caza y el tráfico de fauna silvestre-, sino también salvar la economía del país. Es que si se destruye la vida salvaje, también se acaba el turismo, un simple racionamiento de alternativas productivas junto a la naturaleza que en la Argentina no parece tenerse en cuenta.