Las increíbles posibles consecuencias del caso Odebrecht obligan a un repaso sobre la corrupción argentina, que podría estallar esta semana si es que empiezan a conocerse los nombres de los funcionarios que entre 2007 y 2014 cobraron 35 millones de dólares en coimas de la firma brasileña. Al margen de semejantes datos, aún resta saber si la expresidenta Cristina Fernández coimeó (causa "Los Sauces") o lavó dinero ("Hotesur y ruta del dinero K"). Qué va a pasar con los tres procesamientos del exministro de Planificación Federal Julio De Vido.
O el caso sanjuanino, donde se investiga la administración del exgobernador y actual diputado nacional José Luis Gioja, tras la denuncia de los abogados Diego Seguí y Marcelo Arancibia, por supuestos sobreprecios en la contratación de seguros del Estado. En resumen, la foto que acompaña esta nota de opinión es testimonial: la Justicia mira a la mayoría de los exfuncionarios por su desempeño mientras ejercían cargos públicos. Y, en el camino, perdieron al 40 por ciento de la gente que los seguía, como les pasó con Florencio Randazzo y Sergio Massa. Es el presente del mundillo K, ocupados en sus peleas y en sus defensas judiciales.
¿Terminará igual el macrismo?
La pregunta no es caprichosa, ya que Mauricio Macri no se salva de las sospechas por corrupción: lo acusan de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad por el decreto que habilitó a sus familiares a ingresar al sinceramiento fiscal. Lo desvincularon de Panamá Papers (aunque el fiscal apeló y nada esté firme aún) y tiene otras causas abiertas. No es el único Pro con problemas judiciales: el ministro de Energía, Juan José Aranguren, está acusado de haber favorecido a Shell, firma de la que fue CEO, y por una compra de gas a Chile sin licitación.
Y varios de sus colaboradores fueron denunciados por la diputada Elisa Carrió, aliada de Macri, vale aclarar, quien los acusó de "negociaciones incompatibles con la función pública". La lista de Cambiemos sigue: el ministro de Finanzas Luis Caputo está imputado por la compra de dólares a futuro a través del fondo Axis; y a Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, lo acusan de haber usado un helicóptero presidencial para irse de vacaciones el verano pasado, entre otros casos de actuales funcionarios cuestionados por la Justicia.
No hace mucho tiempo el fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan y vicepresidente primero del Consejo Federal de Política Criminal de Argentina, Eduardo Quattropani, dijo en una entrevista radial: "El poder político va a tener que arrasar con la Justicia de Comodoro Py". El funcionario judicial piensa y asegura que hay un sector de la Justicia Federal argentina que se dedica a manipular al poder político de turno y que lo atosiga de denuncias para no dejarlo administrar. Quattropani asegura que no son Cristina o Macri los que controlan a los jueces, sino al revés.
Si eso es así, y no tengo por qué dudar de su experimentada palabra, la situación es aún peor de lo que se observa desde afuera: los políticos no quieren sanear la Justicia porque confían en dominarla algún día. Si un juez o fiscal es corrupto, puede serlo para beneficio de varios actores, no solamente de los de turno.
En definitiva, éste es el país que tenemos: salvo Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner, el último tal vez por obvias razones, el resto de los presidentes argentinos han tenido que pasar por el banquillo de los acusados tras dejar el poder. Y, si sacamos cuentas, se pudieron hacer muchos hospitales con los millones de Lázaro Báez o los que tiró al convento de monjas José López. Argentina no está muy lejos de explotar por las nubes como le está pasando a Brasil, donde parece que todo es corruptible, oficialismo y oposición. Ojalá me equivoque.