¡Qué ironía! La trágica muerte del expresidente peruano Alan García cuando estaba a punto de ser arrestado por el escándalo de sobornos de Odebrecht es usada por presidentes de la vieja izquierda para afirmar que la corrupción es un subproducto de las economías "neoliberales''. De hecho, es exactamente lo contrario.


Lo cierto es que el escándalo de corrupción de Odebrecht nació, prosperó y se extendió a una docena de países durante los gobiernos populistas de izquierda de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016).


Horas después de la muerte de García, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuiteó que lamentaba el suicidio de García "y todo alrededor del caso Odebrecht. La corrupción es la nueva peste del mundo. El neoliberalismo unió los negocios privados a los públicos. Urge separar el poder económico del político''.


¿En serio? La gigante firma de construcción brasileña pagó alrededor de $800 millones en sobornos en varios países para obtener contratos gubernamentales entre el 2001 y el 2016, según la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.


Esa fue la época de oro de los gobiernos populistas de izquierda en América Latina. Y la mayoría de los sobornos de Odebrecht fueron a gobiernos de esa tendencia. Algunas cifras revelan ésto: * Mientras que Odebrecht pagó U$S 29 millones en Perú durante los gobiernos de centroderecha en ese país, la firma brasileña pagó U$S 349 millones en sobornos en Brasil durante los gobiernos de Da Silva y Rousseff. * Odebrecht pagó U$S 98 millones en sobornos en Venezuela entre el 2006 y el 2015, durante el régimen de Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro y U$S 35 millones en sobornos en Argentina entre el 2007 y el 2014, durante el gobierno de Cristina Fernández. * Por otra parte pagó U$S 33.5 millones en sobornos a Ecuador entre el 2007 y el 2016, durante el gobierno del presidente Rafael Correa.


En comparación, la constructora brasileña pagó U$S 11 millones en sobornos en Colombia y U$S 10.5 millones en México, cuando los dos países fueron gobernados por presidentes defensores del libre mercado.


Parte de la razón de que los medios estén hablando tanto del caso Odebrecht en Perú, y tan poco de este escándalo en otros países que recibieron muchos más sobornos, es que los fiscales peruanos han lanzado una drástica ofensiva contra la corrupción. Están investigando a los ex presidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y al ahora fallecido García, además de los líderes de la oposición cuyos nombres aparecieron en la investigación. En contraposición los tribunales controlados por el gobierno en Venezuela ni siquiera están investigando a Maduro, quien según la ex fiscal general exiliada Luisa Ortega recibió U$S 35 millones en sobornos de Odebrecht.


La lección del escándalo de Odebrecht debería ser exactamente la opuesta a lo que escribió López Obrador en su desafortunado tuit. La moraleja debería ser que la corrupción prospera bajo los líderes populistas autoritarios que erosionan las instituciones democráticas y eliminan los controles necesarios para combatir este flagelo.