El poder garante de los derechos de las personas y custodio del basamento constitucional, viene perdiendo credibilidad por impericias e incoherencias en la administración de justicia que derivan en casos más graves que los debieron solucionarse con la aplicación del derecho y lógica procesal.
Quien no entiende los intrincados procesos judiciales, sólo observa los resultados y los valoriza frente a la realidad. Más si es víctima de situaciones incomprensibles, como liberar a reos peligrosos e irrecuperables que vuelven a delinquir con mayor violencia criminal. Se dan explicaciones increíbles con las curiosas interpretaciones de la jurisprudencia que sigue beneficiando a los marginales y en igual proporción desguarneciendo a la gente honesta.
Peor aún son los graves errores sumariales, fallas investigativas y omisiones elementales que terminan absolviendo a detenidos acusados de hechos aberrantes, como el caso de secuestro de Pablo Bellucio, donde la víctima fue mutilada -le enviaron a sus padres una falange del dedo índice de su mano derecha-, pagándose por el rescate 148.000 dólares, el 3 de noviembre de 2003. Los cuatro secuestradores acusados fueron liberados por las desprolijidades en el proceso, encontradas por el tribunal. Esta frustración se podría agregar a incontables actuaciones similares, por ejemplo en San Juan el caso de Luciana Abregú, asesina confesa de su padre, pero absuelta por una Sala Penal por irregularidades en la indagatoria. Se suman las críticas que se levantan contra el garantismo doctrinario y la levedad de dar libertades hasta que las condenas queden firmes.
La gente se siente desprotegida ante una Justicia politizada, con jueces sospechados o con acusaciones suficientes para enfrentar un juicio político, pero "salvados" por la mano protectora del oficialismo, como acaba de suceder con el polémico juez federal Faggionatto Márquez, o el escándalo protagonizado por de la jueza de faltas porteña Parrilli. Otras desviaciones preocupantes son el amiguismo y el nepotismo que crean interrogantes sobre la imparcialidad e ideoneidad profesional y moral de quienes ocupan funciones que deberían estar libre de sospechas.
La ciudadanía reclama jueces independientes, libres de presiones, trabas y castigos en el ejercicio de sus funciones, y consecuentes en su tarea de defender la Constitución y los derechos que ella garantiza.