Destinar millones y millones de pesos a mantener congeladas las tarifas de servicios públicos; otorgar jubilaciones sin controlar los aportes, o incluso a elevar en forma directa los ingresos que llegan a un grupo de hogares, no garantiza que se esté transitando un camino de salida de la pobreza, ni muchos menos significa que se esté en vías de reducir las desigualdades sociales, que, por el contrario, tienden a ampliarse con un reparto discrecional de recursos.
Las personas que viven en situación de pobreza siguen aumentando en la Argentina, además sin empleo formal, educación de calidad ni vivienda digna, y con un servicio de salud insuficiente. Asimismo, entre 2004 y 2012 aumentó la brecha social: la diferencia entre la calidad de vida del sector medio y la del más vulnerable. Éstas son algunas de las conclusiones del último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina.
Dicho trabajo, llamado "’Heterogeneidades estructurales y desigualdades sociales persistentes”, se hizo con datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina, una de las mediciones socioeconómicas más confiables del país. Allí se da a conocer además, que casi la mitad de los trabajadores tiene un empleo precario o hace "’trabajos de indigencia”, por ejemplo, el cartoneo, y más de la mitad de las nuevas generaciones de adultos está excluida del sistema de seguridad social, señala el estudio.
Alrededor de 3 millones de personas están mal nutridas. Una de cada 10 viviendas no tiene agua corriente y tres de cada 10, cloacas. Al mismo tiempo, el 37% de los jóvenes no termina la secundaria y el 20% no estudia ni trabaja. El 12% de los niños de entre 5 y 17 años debe hacer alguna actividad laboral y 2 de cada 10 hogares requieren asistencia pública, con un total de 23,5% que necesitan un programa de asistencia social permanente. Silenciar la existencia de millones de argentinos equivale a condenarlos a permanecer en la pobreza y la indigencia. No advierte el Gobierno que los derechos humanos son integrales y no hay que limitarlos a los asesinatos de la dictadura.
La pobreza es un drama para quien la vive, y su combate debería ser una de las máximas prioridades de todo gobierno, y más aún de uno que se dice progresista. Ignorarla y deformarla no es la forma correcta de asumir los problemas que muestran las estadísticas que las autoridades, y también a los empresarios, debieran prestarle mucha atención para modificar esa esa realidad, con soluciones progresivas, vitales para todos los sectores sociales.