Las personas celíacas podrán exigir ahora a sus obras sociales y prepagas cobertura para afrontar un porcentaje del costo de los productos alimenticios que deben consumir como parte del tratamiento de su enfermedad. Así quedó establecido por la Resolución Nº 407/2012 del Ministerio de Salud de la Nación, publicada en el Boletín Oficial el martes último, donde se señala que "las entidades alcanzadas por el Artículo 9¦ de la Ley 26588 deberán brindar a cada persona con celiaquía, cobertura en concepto de harinas y premezclas libres de gluten por un monto mensual de $ 215”, importe que "deberá actualizarse periódicamente”.
La resolución se basa en la reglamentación de dicha ley a través del Decreto 528/11, que obliga a obras sociales y prepagas a brindar una cobertura a sus afiliados del 70% de la diferencia del costo de harinas y premezclas libres de gluten. De todos modos, 215 pesos no alcanzan para cubrir ese porcentaje, que supera ampliamente los 500 pesos al mes. La nueva resolución indica que tanto las obras sociales como las empresas de medicina prepaga podrán establecer la forma de cumplir con la norma. Así, más de 400.000 argentinos accederán, sin pasar tantas penurias, al único tratamiento disponible de por vida para la enfermedad celíaca, que multiplica hasta por cuatro el presupuesto de alimentos que necesita un hogar.
Esta enfermedad es una condición permanente de intolerancia al gluten, la proteína del trigo, la avena, la cebada y el centeno, produciendo atrofia de las vellosidades intestinales. Se la conocía ya desde la época de los griegos, que la llamaban "la enfermedad del vientre”. En América tomó estado cuando el maíz fue dejando espacio al trigo y hoy se estima que hay un celíaco por cada 100 personas y 8/9 que también sufren la enfermedad y lo desconocen.
La llamada "ley celíaca” se fundamentó en los enormes inconvenientes que estos pacientes tienen para conseguir en cualquier comercio algo nutritivo sin poner en riesgo la salud. Esta legislación, además de cumplir con un sector muy postergado de la población, significa también un esperado gesto de solidaridad y de aceptación de los otros.
Cuando un sector social discriminado es reconocido y se legisla para él, el resto de la comunidad se beneficia porque el equilibrio y la justicia han sido preservados.