La decisión del Gobierno Nacional de revisar en estos próximos 3 meses unos 24.000 contratos de empleados que ingresaron durante los últimos 3 años, y luego hacer lo mismo con 40.000 que ingresaron a trabajar antes de 2013, se asemeja a la medida implementada por la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, de dar de baja a 2.035 empleados nombrados durante la anterior gestión y revisar 2.317 recategorizaciones de trabajadores de planta permanente del Congreso Nacional. Algo parecido ha sucedido en algunas provincias, especialmente en municipios que han cambiado de signo político, cuyos intendentes se quejan por la gran cantidad de empleados que han encontrado en las respectivas comunas.

A nivel nacional, la medida se ha concretado a través del decreto 254/2015, que propicia ‘la transparencia como valor primordial y eje de la gestión pública’, lo que supone el ejercicio responsable por parte de los nuevos funcionarios de las atribuciones en materia de personal.

La revisión de las designaciones de empleados públicos, como las bajas concretadas en el Senado Nacional, han generado fuertes reclamos en los gremios de los estatales, con algunas marchas y manifestaciones que no han logrado revertir la situación.

En las primeras revisiones de contrataciones se han encontrado con numerosos agentes que no han estado cumpliendo con la asistencia requerida. De la misma forma se han encontrado con oficinas en las que no hay lugar físico para albergar a empleados que han aparecido en estas últimas semanas, a consecuencia de las nuevas disposiciones.

En nuestra provincia, el nuevo ministro de Educación, Felipe de Los Ríos, se encontró con la desagradable situación de que hay varios cientos de docentes de los niveles secundario y terciario que cobran horas de enseñanza sin trabajar. Para el funcionario son 336 docentes los que están en esa situación irregular, motivada por cambios en los planes de educación; mientras que para la secretaria General de UDAP, Graciela López, son más de mil.

Achicar el Estado, reduciendo su planta de personal, es algo que la mayoría ve con muy buenos ojos y que está dispuesto a apoyar decididamente, siempre y cuando ese achicamiento no tenga motivos exclusivamente políticos. Tampoco es conveniente desechar empleados de experiencia con el simple objetivo de renovar filas o sacar gente con el solo objeto de generar espacio para nuevos militantes.

La refuncionalización del Estado debe hacerse aplicando un fino criterio de selección y tratando que el achique no genere un problema social que empañe el objetivo que se está buscando.