La caída de la desocupación en el país es un hecho palpable, como es el caso de San Juan donde gracias al impulso dado por la construcción, la industria y el comercio se ha logrado una última medición del 7,6% comparado con igual lapso de 2009, que registró 8,1%, según el Índice de Desocupación publicado esta semana por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En el resto del país también hubo un retroceso notable del desempleo. Durante el tercer trimestre de este año el registro promedio fue del 7,5% respecto a igual período de 2009 que alcanzó 9,1% y hay picos notorios de descenso del desempleo, como el del 11,5% obtenido en Salta. Sin embargo, no todas las regiones de la Argentina pueden demostrar que se trata de un aumento de la oferta laboral productiva ya que en el país el mayor crecimiento de los puestos de trabajo es liderado por el empleo estatal, lo que indica un desequilibrio en la oferta laboral basada en la ecuación costos-beneficios.

De acuerdo a relevamientos privados, el crecimiento de los puestos de trabajo se encuentra sigue este año traccionado por el sector público -nacional, provincial y municipal- en gran parte del país. Lo dicen las declaraciones efectuadas por los sectores público y privado al sistema jubilatorio, incluyendo las provincias y jurisdicciones que tienen transferidos a la Nación sus sistemas previsionales. En la medición interanual el Estado contrató a 94.876 nuevos agentes, con un crecimiento del 8,2%, en tanto el sector privado se registró una demanda de personal mucho menor, de sólo el 2,9 por ciento. Incluso el bache podría ser mayor, si se tiene en cuenta que los Estados provinciales que mantienen sistemas previsionales bajo su jurisdicción no realizan declaraciones de sus datos a la AFIP.

Para algunos economistas, las contrataciones estatales exceden las necesidades que podría requerir el crecimiento poblacional si se compara el número actual con los registrados cinco años atrás y, a diferencia de provincias y municipios, sólo el Estado nacional tuvo en ese lapso necesidad de ampliar la planta de personal, al incorporar a los empleados de las desaparecidas AFJP. El resto puede tener algunos casos puntuales de necesidades de nuevas contrataciones, pero en general todo parece indicar que al disponer ahora de recursos, la designación de empleados públicos permite excesos a costa de la exacción fiscal. Más grave si muchas funciones oficiales son transferidas a la actividad privada, tercerizando servicios básicos como la vigilancia.