Tras el controvertido fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional penalizar la tenencia de sustancias estupefacientes para consumo personal y privado, surgen interpretaciones confusas ante un marco de impunidad.
Luego de conocerse el fallo, el presidente del alto Tribunal, Carlos Fayt, sumó más preocupaciones: "Nosotros lo hemos dicho todo, ahora es la conciencia del pueblo que se despierte, y que el Ejecutivo haga lo que tenga que hacer y el Congreso también. La Corte ha hecho su parte", dijo el magistrado, dejando un cúmulo de interrogantes. Los letrados consideran que de hecho la despenalización alcanza a todas las drogas, y nadie entiende qué se considera consumo personal y sus alcances, interpretaciones que quedan libradas al criterio de cada juez.
El factótum del fallo prioriza la privacidad de las acciones, pero el consumo personal queda en las evaluaciones subjetivas del tipo de droga, el lugar de consumo, la tenencia para alimentar la adicción y el daño potencial a terceros.
Si bien la Corte se pronunció sobre la tenencia de cigarrillos de marihuana, el contexto de referencia al ámbito privado se mantendrá con igual criterio cuando deba ventilar la tenencia de otras sustancias, como el paco o la cocaína.
Pero el razonamiento que genera divergencia y cuestionamientos, es sobre la cantidad que posea el adicto y nada se dice acerca de los proveedores, que de hecho son narcotraficantes y promueven un negocio ilegal.
La despenalización es otro absurdo del progresismo ideológico, al margen de la sociedad y del sentido común.