El aplastante triunfo logrado por el oficialismo en las elecciones generales del domingo último, puede tener muchas lecturas para los analistas políticos por los diferentes enfoques que se desprenden del altísimo porcentaje de aprobación a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, pero ante todo se trata de un aval masivo a un modelo económico con amplia proyección social.
Históricamente, el rumbo de la economía argentina ha sido determinante en la decisión del electorado, ya sea con un pronunciamiento positivo o negativo, según sean los logros o los fracasos alcanzados por un gobierno, y de allí la decisión de convalidarlos o rechazarlos en las urnas.
Ahora una inmensa mayoría de ciudadanos ha ratificado su apoyo al rumbo de la economía, que está fuera de toda discusión en cuanto a sus resultados, porque este se refleja en los índices de crecimiento y competitividad. Lo que ha expresado esa mayoría de votantes es que se debe mantener y profundizar el modelo, para adaptarlo a los desafíos que vienen y para hacerlo más equitativo, de manera que el crecimiento argentino se sostenga frente a los avatares de la globalización y sea fundamentalmente equilibrado y justo.
El Congreso de la Nación será la caja de resonancia de la profundización del modelo, gracias a la supremacía kirchnerista en ambas cámaras, a partir de diciembre, y ello debería llevar al Gobierno a evitar las argucias normativas que eludan la intervención legislativa, como también a no renovar la vigencia de la ley de Emergencia económica, dictada para un período crítico. Es un verdadero contrasentido que la economía que más crece en Latinoamérica, tenga una ley creada para afrontar la recesión y el quebranto de las cuentas públicas, con medidas impositivas de emergencia, como el impuesto a las transacciones financieras (Impuesto al Cheque), entre otras atribuciones del Ejecutivo que no se compadecen con el fortalecimiento económico que exhiben los números del proyecto de Presupuesto 2012 enviado al Parlamento.
La mayor institucionalidad prometida por la Presidenta, al asumir en 2007 -y todavía pendiente-, debe ser una premisa para el nuevo mandato, de manera que la política y la economía no se aparten de esos carriles. La coparticipación federal es una de estas vías constitucionales que han sido minimizadas por la política de caja, que no es equitativa, a la vez que el crecimiento del país requiere un replanteo fiscal y financiero para que la productividad con generación de empleo sean los motores del crecimiento por el que apostó el 54% del electorado.