Teniendo en cuenta las tendencias generales de la población etaria argentina entre los 18 a 29 años, según el censo del 2014, solo una pequeña minoría de los jóvenes (11%) había alcanzado el nivel primario como máximo nivel educativo. Situación prácticamente universalizada, y que sigue aún en proceso de expansión (era del 16% en el 2004).

En relación con el nivel secundario en cambio, la situación varía ya que el porcentaje de los jóvenes de 18 a 29 años que culminan este nivel educativo, es considerablemente menor, 63%, en tanto un 26% no logra terminarlo.

Ahora bien, si ponemos el foco en lo que ocurre con los jóvenes en mayores condiciones de pobreza, vemos que todos los indicadores que se pueden estudiar superan ampliamente a los de la población total, datos que nos ofrecen una primera evidencia empírica relevante para pensar el rol de la escuela en los procesos de reproducción de las desigualdades sociales.

Así es como, casi un 20% de estos jóvenes en condiciones de pobreza alcanzan como máximo la primaria completa, un 39% no termina el nivel secundario, mientras que apenas un 43% logra obtener su título.

Estas cuestiones pueden encontrarse relacionadas con la extensión de la obligatoriedad a partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional (LEN) en 2006 y con la implementación de un conjunto de políticas socioeducativas que procuraban contribuir a la garantía de tal derecho. Hechos, que profundizaron el proceso de masificación escolar iniciado en nuestro país hace ya varias décadas, y que pueden ser leídos en términos esperanzadores, o de manera menos optimista poniendo en entredicho sus alcances para garantizar la movilidad social, inter o intrageneracional.

La confluencia entre los procesos de descentralización y masificación escolar al amparo de procesos de profunda exclusión social han contribuido a la consolidación de un sistema educativo cada vez más fragmentado, donde es posible identificar distintos circuitos de escolarización (en forma de fragmentos desarticulados de un todo común) con diversos perfiles institucionales según los diferentes sectores sociales que atienden. De este modo, se evidencian nuevos mecanismos de selectividad social, desplazando la exclusión del sistema de significativos grupos de la población hacia la consolidación de procesos de fragmentación y, por ende, de lo que se denominada "inclusión excluyente", por medio de la diferenciación interinstitucional en relación a escuelas con distintas condiciones de enseñanza. La experiencia de instituciones educativas inclusivas, evidencia el proceso de transformación que ha sufrido la escolarización en nuestro país, tanto en términos simbólicos como materiales.

La problemática educativa es responsabilidad de todos, para evitar procesos signados por el debilitamiento de los mecanismos estatales de protección social, el empobrecimiento y la progresiva pauperización en las condiciones de vida de significativos sectores de la población, que finalmente profundizan las desigualdades sociales y educativas preexistentes.