El anuncio del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, sobre el decreto tendiente a estatizar el tradicional predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina, causó sorpresa en momentos en que en el país se producían saqueos y enfrentamientos. Señaló que el decreto 2699/1991, que determinó la venta del predio a la entidad, es absolutamente nulo porque esa operación se realizó en forma directa, sin licitación previa ni remate, y por un "precio vil”, a partir de una tasación de los bancos Ciudad e Hipotecario, inferior a la mitad de la valuación del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

El hecho de que la Justicia haya procesado a ex funcionarios que intervinieron 21 años atrás en la venta a la Sociedad Rural no genera certeza alguna sobre la ilegalidad de la transferencia. En tal sentido, se debió esperar una sentencia definitiva en sede penal, o recurrir a un juez para que declare la nulidad de la operación, antes de proceder a una virtual confiscación por decreto. Las decisiones del Poder Ejecutivo son a veces apresuradas, traspasando los límites constitucionales, sin razón suficiente luego del tiempo transcurrido. A partir de la ley de emergencia, un decreto de 1991 dispuso la venta del predio que el comprador lo incorporó a su patrimonio; es una propiedad privada, y jurídicamente el procedimiento que se eligió es cuestionable.

Habían dos opciones: enviar al Congreso un proyecto para expropiar el predio o, bien reclamar a un juez que declare la nulidad del decreto que, según la Presidenta, sirvió para instrumentar un negociado. Nada autoriza a dejar sin efecto un decreto, por sí y ante sí. Algo parecido se hizo antes de que el Congreso expropiase YPF a Repsol, porque por su sólo decreto se decidió intervenir la empresa, algo que sólo debe hacerse con autorización judicial. Según el artículo 17 de la Constitución Nacional, la expropiación debe estar fundada en una causa de utilidad pública y ser declarada por ley, además de previa indemnización. El Gobierno intenta ampararse en que no se trata de una expropiación, sino de retrotraer una situación irregular a su origen.

La paz social y la justicia exigen respetar la Constitución nacional y abandonar lo que pudiera interpretarse como reivindicaciones "políticas partidistas” frente a los sectores emblemáticos del progreso del país como es el sector agrícola-ganadero.