Hoy que es tan fácil acusar públicamente a cualquier persona, a veces con pruebas pero la mayoría de las veces sin ellas, y sobre todo con generosa impunidad, una palabra está tristemente de moda: "apropiadores”. El término habita el diccionario de la Real Academia de las Letras desde tiempos inmemoriales y ya bajo el reinado de Felipe II, que gobernó España cuando nació San Juan de la Frontera, su célebre secretario, Antonio Pérez, fue acusado en el ambiente cortesano de "apropiador” de muchas cosas de palacio, especialmente de la voluntad de su monarca. Algo más cerca, Juan Martín de Pueyrredón, héroe de la Reconquista y Director Supremo de las Provincias Unidas, protagonizó de joven un episodio que le valió por muchos años la acusación de "apropiador”: mandó matar a su futuro suegro con el argumento que conspiraba contra la Patria, se apropió de su patrimonio, se quedó a vivir en su casaquinta y se casó luego con la hija del ahorcado que tenía 15 años. Pero hoy y desde la feliz recuperación de la democracia en Argentina, la palabra está estrechamente vinculada a los años de golpismo y genocidio, entre 1976 y 1983. Así, la versión más popular de la palabra habla de aquellas parejas o matrimonios, la mayoría allegados a la dictadura, que pidieron o aceptaron adoptar a los bebés que nacían en cautiverio y cuyos padres habían sido secuestrados, torturados y asesinados por no pensar como los golpistas o por haber protagonizado hechos de violencia contra el poder ilegítimamente establecido. La normalidad institucional y la consecuente consolidación de la democracia permitieron que la ley se aplique con rigor y equidad, pero como ha sucedido tantas veces en la historia de la Humanidad, tenemos que aprender de las nuevas experiencias, muchas veces amargas e injustas, para profundizar un proceder más serenamente imparcial en nuevas leyes o actitudes individuales o colectivas. Un sector importante de la prensa se queda con el discurso más recurrente que lleva a calificar e imaginar como seres diabólicos a los padres adoptivos de estos niños que no sólo perdieron violentamente sus padres biológicos, sino que carecieron de su identidad de sangre hasta que las Abuelas de Plaza de Mayo iniciaron su histórica tarea de recuperar nietos. Pero, después de comprobar e informar con satisfacción que muchos de esos bebés de los "70 ya han podido descubrir su ascendencia familiar con lo que se cumple un derecho natural de todo ser que viene al mundo, debemos detenernos a observar y abordar el papel de estos padres adoptivos que la ley define como "apropiadores”. Naturalmente, lo único que se interpreta hoy es que un señor, una señora, una pareja o un matrimonio aceptaron un bebé a sabiendas o sin saber su origen, en algunos casos adulterando documentación, porque deseaban ser padres ya que la naturaleza se los impedía. Mientras tanto, como sucede actualmente en San Juan con el matrimonio Tejada, la justicia actúa de manera regular, sin presiones de ningún tipo. Pero cuando la legislación no entiende de gestos, amor y entrega filial en casos de evidente adopción irregular, somos los periodistas quienes debemos aportar esa otra mirada que no tiene por qué colisionar con la justicia. Y entonces preguntarnos, ¿quién le reconoce a esa pareja su dedicación al bebé, después al niño, luego al adolescente y hoy al adulto, para criarlo, mimarlo, protegerlo, educarlo, amarlo en todo momento, que no le falte nada para que sea el mejor hijo del mundo? Después de tantos años pasados, ¿quién tiene derecho a castigar más allá del castigo de la ley, a seres humanos que actuaron como seres humanos frente a un recién nacido? Los padres "apropiadores” a sabiendas o sin saberlo, responden hoy a la ley y se hará justicia, pero el caso de San Juan tiene como protagonista principal a Carlos Alberto Tejada Goya Martínez, quien como la mayoría de los abordados legalmente por gestión de las Madres, ha reconocido su agradecimiento a sus padres adoptivos. La entrevista, muy profesional frente a un caso tan complejo, realizada por DIARIO DE CUYO a este joven y publicada en la edición del pasado domingo, muestra que este proceso requiere sinceramiento y racionalidad, en la seguridad de poder discutir objetivamente la jerarquización de las libertades, lo que en principio se garantiza con este correcto ejercicio de la justicia que se viene observando. Pero también con la necesaria cuota de sentido común, imprescindible cuando algunos derechos pueden aparecer difusos. Por eso, con la justicia trabajando y demostrada ya la buena relación del joven con su recuperada familia biológica, ¿alguien le dirá gracias a esos padres, además de aquel bebé, hoy adulto, que no olvida los brazos que lo mecieron al dormirse, la voz que cantó para él y los rostros que aprendió a amar?
