Episodios con tintes de escándalo protagonizados por diputados o senadores de la Nación en medio de sesiones oficiales a lo largo de la historia, se han registrado desde el mismo año 1853, cuando se sancionó la Constitución Nacional que proclamó la forma de gobierno representativa, republicana y federal; dividió el gobierno en tres poderes, y garantizó los derechos y deberes de la totalidad de los habitantes de la República Argentina. En varias de esas ocasiones se decidió expulsar al legislador responsable de acciones repudiables, pero eso no contribuyó a mejorar la calidad de la representación parlamentaria. Entre los casos más sonados que se recuerdan, está el asesinato en el recinto y por alguna persona del público, en la sesión el 23 de julio de 1935, del senador por Santa Fe, Enzo Bordavehere. Ocurrió en el momento en que el senador Lisandro de la Torre hacía la interpelación por el comercio de carnes. Tres décadas antes, en 1908, la clausura por decreto del Congreso por parte del presidente José Figueroa Alcorta, ante su disgusto porque los legisladores no le habían aprobado el Presupuesto por él presentado. O las amenazas de muerte a varios senadores en 1975 por parte de la "Triple A", organización dirigida por el entonces ministro José López Rega, que terminó con el estallido de bombas en la casa de uno de ellos, la desaparición de otro y el asesinato de un tercero ya bajo la dictadura que se inició en marzo de 1976. O la feroz cachetada que la diputada Graciela Camaño, siendo presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, propinó en plena sesión a su par del oficialismo Carlos Kunkel, en medio del debate por las presuntas presiones oficiales para la aprobación del Presupuesto Nacional para el año siguiente. También se recuerda el sonado caso del escándalo de las coimas pagadas con fondos de los Servicios de Inteligencia del Estado, y cobradas por algunos ex senadores, luego procesados, como Emilio Cantarero (PJ Salta) y José Genoud (UCR Mendoza), para aprobar la ley laboral 25.250 en la sesión del 26 de abril de 2000, que provocó la renuncia del vicepresidente de la Nación, Carlos Chacho Álvarez.

Ante el retorno de la democracia en 1983, se retiró la palabra "honorable" de la Legislatura local, pero el encabezamiento del reglamento de la Cámara se inicia bajo el título de "Honorable Legislatura de la Provincia de San Juan".

Como se observa, tanto en el siglo XIX, como en el XX y lo que va del XXI, sucesos detonantes pusieron en discusión la nobleza y respetabilidad de ambas cámaras del Estado. Y si bien la Constitución nunca usó la palabra "honorable" para hablar del Senado y Diputados, la historia registra que, desde la primera sesión ordinaria, acaecida el 24 de octubre de 1854, se calificó de "Honorable Cámara" al parlamento en ambas cámaras. Otro tanto sucedió en San Juan, donde desde el retorno de la democracia, en 1983, se retiró la palabra "honorable" de la Legislatura local.

¿Qué dicen las definiciones de "honorable"?, que se aplica a aquella persona que actúa con honradez, de modo que es digna de ser respetada; que ser honorable es ser amable, genuino y empático, sin esperar una recompensa por su forma de actuar; que es digno, estimable, respetable, venerable, o también "tratamiento honroso que reciben personas con ciertos cargos importantes", según Diccionario de la Lengua Española (Larousse Ed. 2016) y The free Dictionary (Farlex Inc, 2003). Quizá, uno de las cuestiones varias veces discutible es con qué criterios los jefes partidarios o las asambleas de los partidos eligen a sus candidatos. La mayoría de las veces es por militancia, lo que se considera un derecho, pero también por amistad, cercanía o parentesco, y las menos por capacidad demostrada.

¿Estará ahí el problema de la discutible calidad de los legisladores nacionales en Senadores o Diputados y que en los últimos días se actualizó por el caso del diputado Juan Ameri que está en boca de todos y de todo el mundo? 

 

Por Luis Eduardo Meglioli 
Periodista