La reciente huelga general convocada por la CGT liderada por el camionero Hugo Moyano y por la CTA encabezada por el estatal Pablo Micheli presentó una motivación inédita, tradicionalmente mucho más relacionada con demandas de la clase media-alta y de los ejecutivos de empresas que con reivindicaciones de la clase obrera. Tuvo como principal bandera el reclamo de que el Estado elimine o disminuya sensiblemente el Impuesto a las Ganancias a los trabajadores, con el argumento de que el salario no puede ser considerado ganancia.
Actualmente, el salario mínimo, vital y móvil asciende a 2.670 pesos, en tanto que un trabajador soltero debe tributar ganancias si su sueldo alcanza los 5.782 pesos. Por su parte, un trabajador casado, con dos hijos, debe pagar ese impuesto cuando su sueldo llegue a 7.997 pesos, esto es, algo menos de tres salarios mínimos.
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pese a la fuerte inflación que se registra desde los últimos años, ha mantenido congelado el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias desde abril de 2011. De esta manera, cualquier aumento salarial que se haya acercado este año al aumento del costo de vida real, es decir alrededor del 25%, terminó siendo mucho menor por el impacto de los mayores descuentos en concepto de tributo a las ganancias. Este fenómeno es creciente a medida que los salarios brutos tienden a ser mayores.
Un trabajo de investigación realizado por el Centro de Estudios Nueva Mayoría consigna que desde el restablecimiento de la democracia, en 1983, el sindicalismo ha realizado 35 paros generales, siendo el del martes último el primero contra la gestión de Cristina Kirchner en casi cinco años de gobierno. De acuerdo al estudio del citado organismo las centrales sindicales llegaron a los 35 paros generales en casi tres décadas, promediando uno cada diez meses.
Néstor Kirchner recién tuvo uno sólo en 55 meses y, en la continuidad de Cristina Fernández no hubo ninguno en su primer mandato y recién ahora, en el segundo período, le llega un paro antes de cumplir el primer año de gobierno. Como afirmara la Presidenta, el derecho de huelga es fundamental, pero se desvirtúa con las amenazas y aprietes que se manifestaron el pasado martes.
Escuchar, dialogar y buscar soluciones entre sindicatos y Gobierno no puede ser una opción democrática sino una necesidad para vivir en paz y con justicia social.