No obstante los anuncios oficiales con medidas preventivas para frenar el avance del ingreso y la comercialización de drogas ilícitas en nuestro país, como disponer un riguroso control fronterizo y la radarización para tener la alerta temprana sobre la incursión de aeronaves furtivas, los hechos demuestran una impunidad alarmante, observada incluso desde la Justicia federal.

Una de las voces más autorizadas para advertir la pasividad de las autoridades, es el juez federal de Salta, Julio Bavio, con amplia trayectoria en la intervención en los procedimientos contra los narcos y por la experiencia recogida en la ubicación geográfica donde se desempeña.

El magistrado incluso ha editado un libro, "Tráfico de estupefacientes" (Edit. Astrea) donde pormenoriza a lo largo de 212 páginas una situación de emergencia nacional por el crecimiento del flagelo impulsado por los vuelos ilegales que ingresan por el norte del país, la forma más utilizada para abastecer a la cadena de distribución de los alucinógenos.

El titular del Juzgado Federal Nº 1 de Salta estima un promedio de 500 kilogramos de droga por avión, la que se arroja en vuelos rasantes sobre campos de la zona, hasta en horarios nocturnos, tras lo cual los delincuentes recogen los cargamentos en rápidos operativos y con la seguridad de que nada los perturba. Sin radares que detecten los vuelos y efectivos terrestres carentes de equipos adecuados como comunicación satelital y visores nocturnos, que si poseen los narcos, es fácil suponer el extraordinario aumento de estos vuelos irregulares.

Pero aun cuando se dispusiera de un sistema de radarización óptimo y fuerzas de seguridad terrestres con pertrechos modernos, existen vacíos legales que deben cubrirse a fin de lograr una operación exitosa. Según ha señalado el magistrado en su trabajo basado en sus investigaciones judiciales, es necesario actualizar el artículo 33 de la ley antidrogas 23.737 con un anexo que habilite progresivas medidas sobre una aeronave hasta llegar a una potencial apertura de fuego, de manera similar al de una persecución policial ante un delincuente que busca huir por una calle o ruta. Es decir, la posibilidad de abrir fuego como último recurso sobre un vuelo ilegal, que no es la "ley de derribo", tan cuestionada por el garantismo ideológico.

Mientras tanto, siguen operables unas 1600 pistas clandestinas descubiertas en diferentes parajes del territorio nacional.