El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, en el contexto actual en que crecen las manifestaciones para que se liberen personas que deben ser indagadas por la Justicia, reiteró que los jueces no deben tolerar presiones, refiriéndose de modo concreto a la marcha que realizaron sindicalistas de la Unión Ferroviaria para reclamar la liberación del secretario general del gremio, José Pedraza.

La jueza de instrucción Wilma López parece haber captado el mensaje del magistrado, ya que rechazó el pedido de excarcelación. Entendió que, en libertad, podría frustrar la investigación del asesinato de Mariano Ferreyra, y además que, con Pedraza en la calle corre riesgo otra investigación paralela, en la que se averigua si la Unión Ferroviaria intervino en la planificación de una colecta de dinero con el objetivo de sobornar a un camarista para que fallara a favor de la libertad de otros siete detenidos por el homicidio del joven militante del Partido Obrero, ocurrido el 20 de octubre pasado.

El sindicalista, convertido en empresario, actuó como dueño y conductor del gremio de los ferroviarios durante casi treinta años. La jueza lo indagó como instigador del homicidio y fue su segundo, Juan Carlos Fernández, quien, durante el desarrollo de los disturbios, mantuvo contacto telefónico con varios delegados ferroviarios que estaban en el lugar del crimen, pero Pedraza no actuó para frenar la emboscada.

En su contra también se presentan otros indicios muy fuertes: se grabaron las conversaciones donde pide a la empresa Belgrano Cargas, de la que su mujer es directora, que le entregue 75.000 dólares a un abogado para pagarle un soborno a un juez de la Cámara de Casación. Si no temía por su futuro no debería haber querido realizar un cohecho, y si un juez se animase a excarcelarlo, quedaría bajo sospecha de recibir sobornos.

La jueza Wilma López, quien tiene 17 años en el cargo y reconocido profesionalismo, en cuanto reunió las pruebas y lo localizó, luego que la Policía Federal tuviera que interceptar sus llamadas para localizar su domicilio en el exclusivo barrio de Puerto Madero, lo detuvo. Como instigador del homicidio, le correspondería la misma pena que al autor material: de 8 a 25 años de cárcel.

En este caso, la jueza está aplicando lo expresado por Ricardo Lorenzetti, y es que los jueces no deben decidir en base a la opinión de la gente sino concentrarse en la aplicación de la ley como corresponde, sin atender a las manifestaciones externas.