Seguramente habrán escuchado esta frase en boca de algún político en campaña y es posible que no le hayan prestado mucha atención o que no la hayan creído del todo. Veamos. El porcentual del impuesto que se cobra automáticamente sobre el consumo cada vez que se adquiere algo es variable pero, para no confundirnos innecesariamente, digamos que en todos los casos es del 21 por ciento. Si por el artículo que compramos pagamos 100 pesos, que 21 pesos serán derivados a la AFIP-DGI. Luego, si ese mismo artículo pasado un tiempo nos fuera cobrado a 200 pesos, al ente recaudador serán dirigidos 42 pesos. Hemos comprado lo mismo, no obstante el Estado habrá recaudado el doble, es decir, se nos habrá cobrado, sin que nos demos cuenta, un impuesto, el IVA, equivalente al doble de lo que pagamos la vez anterior. El porcentaje será el mismo, 21, pero el Estado recaudará el doble.

Para peor, la incidencia de este fenómeno no es igual para todos sino que ataca más violentamente a los más pobres. ¿Por qué? Muy sencillo. Para quien tiene mejores ingresos, la incidencia de la comida, por ejemplo, es mucho menor que el conjunto de gastos de su economía. Por decir, si alguien gana mensualmente 200 mil pesos, gastará para la alimentación de su familia unos 40 mil pesos, el equivalente a la canasta básica alimentaria, pagará 8.400 pesos de IVA. Una moneda comparando con los 200 mil de sus haberes. Esos 8.400 le representan el 4,2 por ciento de sus ingresos. Del otro lado, para quien apenas logra rasguñar 40 mil en el mes, esos 8.400 pesos le representarán nada menos que el 21 por ciento, cinco veces más, la comida total de seis días y medio.

Mientras más alta sea la inflación, más serán castigados los de abajo con este impuesto.

Mientras más alta sea la inflación, más serán castigados los de abajo con este impuesto encubierto del que suele haber quejas generalizadas pero que no se la entiende como lo que es, una forma en que el Estado se hace de mayores recursos tomándolos de donde menos los debería tomar, de los más pobres. Se habrá notado que los gobiernos en general, cuando hay inflación alta no suelen quejarse de la recaudación, porque les sube y hasta a veces lo exhiben como un logro de gestión, que es lo que suele hacer cada tanto Mercedes Marcó del Pont quien a veces se da el lujo de anunciar algún beneficio particular. Otro truco es cuando se envía en el presupuesto una cifra de inflación proyectada para el próximo año mucho menor a la que se sabe que ocurrirá (en nuestro caso, 30 por ciento para 2022). Lo esperado por distintas fuentes es del doble. Como se recaudará más por la razón ya explicada, de aprobarse el presupuesto tal como va al Congreso, el Ejecutivo quedaría con un porcentaje altísimo de dinero de sobra que podrá ejecutar a su antojo, colocar el dinero de más en las partidas que le parezca, no quedar atado de manos con lo que ya quedó autorizado de manera fija. Siempre será posible argumentar algo para justificar ese gasto nuevo, con ese método se intenta subordinar a gobernadores e intendentes y castigar a otros no enviándoles nada por fuera del presupuesto original. Se puede entender que el presupuesto pueda tener alguna flexibilidad por la aparición de alguna emergencia, pero esa emergencia nunca explicará un gasto en más del 100 por ciento. Dicho en síntesis, todo gobierno se siente muy cómodo con alta inflación, quienes no nos sentimos cómodos somos los que sufrimos esa constante suba de impuestos que se percibe como si fuera un mal necesario que nadie sabe de dónde viene. Respecto de la oposición alguna parte se ha comprometido a no crear o votar nuevos impuestos, habría que recordarles que el principal impuesto es la inflación y que primera tarea sería hacerla bajar, para luego preguntarles cómo lo harían.

Es fácil imaginar que todo esto también será causa de fuerte discusión con los acreedores, sean quienes fueren. Nuestro ministro Guzmán tiene créditos académicos suficientes como para ser tomado en serio pero, ¿quién aceptaría un error de cálculo o proyección del 100 por ciento? En cualquier compañía privada de la que fuera economista lo despedirían de inmediato. ¿Con qué argumentos se puede explicar que el gobierno pretende engañar al Parlamento con un presupuesto deliberadamente falso? ¿Quién aceptaría algo así? Recordemos que en otras épocas se engañó a los acreedores dibujando datos para no pagar lo que correcto a quienes compraron bonos atados a la inflación. Guillermo Moreno intervino el INDEC y lo llenó de militantes oficialistas, la inflación no existía. Que el FMI nos exige esto o aquello, se supone que exigirá que presentemos cosas más o menos serias, que no comprometan al staff frente a su Directorio y frente a sus colegas. Volvamos al principio, la inflación no sólo es un impuesto sino que es el peor de todos, el que castiga a los más desvalidos, el que obliga al trabajo no registrado, a vender en negro para no quebrar, a directivos perder tiempo que podrían usar de modo creativo en su empresa, a la alta especulación financiera, a los sindicatos a concentrarse no en el cuidado y mejora de las fuentes de trabajo sino a ver quién saca la mejor tajada en una negociación en la que al final todos pierden, a los jubilados a estar cada vez peor, a la permanente fuga de divisas...en definitiva al caos total, a la guerra de todos contra todos. El circuito perverso se cierra cuando el excedente de recaudación, resultado de la suba nominal de precios, se vuelca en subsidios a tarifas de servicios básicos, luz, gas, transporte dirigidos al AMBA la zona más rica del país. Impuesto es obligación, no es algo voluntario, un impuesto debería ser universal, que afecte a todos de la misma manera y, en todo caso, si se debiera hacer alguna excepción que fuera con los que tienen menos y no, como ahora, con los que tienen más. Nada de ideología, simple racionalidad.