La falta de acceso a la información y la generación de datos sesgados y de frágil rigor técnico y científico, limitan la democracia y restringen el sistema republicano. Es que, además de exponer a los ciudadanos a la intemperie de una institucionalidad de baja calidad, obstaculizan el pleno ejercicio de la ciudadanía en el control del poder.
Pero no sólo la falta de acceso a la información daña la democracia. La adulteración de datos y la inexistencia de información generada por el Estado, permite manipular la realidad. Un caso que pasó de preocupante a patético, se presenta con la información que genera el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Pero existe también otra situación delicada. Es la que se presenta cuando hay información pública generada por organismos del Estado y no se la tiene en cuenta para definir o corregir políticas públicas.
Los informes de la Auditoría General de la Nación sobre la situación de los ferrocarriles metropolitanos, que no fueron tenidos en cuenta por las autoridades, de haber sido considerados como correspondía, podrían haber evitado las 51 muertes del accidente en la estación porteña de Once. Son sólo algunos casos que demuestran que sin acceso a los informes oficiales y sin políticas públicas aplicadas sobre la base de una información rigurosa, hay muerte.
El acceso a la información no es parte de una plataforma política. Es, sobre todo, una regla fundamental de los sistemas republicanos de gobierno y un requisito indispensable de la libertad de expresión. Permite, a su vez, acceder a otros derechos, como la salud, la educación, la vivienda digna o la obtención de un plan social desde el momento en que asegura la transparencia.
En los últimos años, nuestro país logró algunos tibios avances en la promoción del derecho de acceso a la información pública. El decreto 1172/03, que regula el acceso a la información en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, fue la iniciativa más importante, sobre todo porque trazó el camino para la sanción de leyes en ocho provincias y decretos en otras cuatro. Doce todavía esperan una regulación de este tipo.
Resulta fundamental para el modelo democrático, para el sistema republicano, para el correcto destino de los recursos públicos, para la necesaria división de poderes y para garantizar que los ciudadanos puedan incidir en la definición de la calidad de vida colectiva, que el Congreso sancione la ley que consagre el derecho humano de acceso a la información pública.