La decisión de Argentina de denunciar a los Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, al llevar a esa instancia el litigio con los los holdouts, o "fondos buitre”, por la deuda soberana, es un hecho sin precedentes en la historia de ese Tribunal, aunque es difícil que la causa pueda prosperar en esa jurisdicción.
Jamás La Haya trató -tampoco ningún país lo pidió- cuestiones inherentes a desinteligencias por reclamos de deudas externas ni por la actuación de otras instancias de la Justicia en pleitos económicos y financieros. La demanda argentina considera que las decisiones adoptadas por los tribunales de EEUU en torno a los fondos buitre violan la inmunidad soberana de nuestro país. Se argumenta que Washington ha violado su obligación internacional de no aplicar ni estimular medidas que fuercen la voluntad soberana de otro Estado, como habría incurrido el accionar del Poder Judicial estadounidense.
En este punto la posición argentina sostiene que la sentencia del juez neoyorquino Thomas Griesa a favor de los fondos buitre ha vulnerado la determinación soberana de nuestro país de reestructurar la deuda externa y porque para aplicar su fallo, Griesa bloqueó los fondos que Argentina depositó el 30 de julio último en el Bank of New York Mellon para afrontar un vencimiento con acreedores de la deuda reestructurada en 2005 y 2010.
En esta coyuntura se centra la demanda ante la CIJ, al considerar que todo Estado es responsable por la conducta de todos los órganos que lo integran, incluyendo lógicamente al Poder Judicial. Si bien no existen antecedentes de una controversia de este tipo en La Haya, sí hay antecedentes de pleitos internacionales dirimidos por una corte para resolver reclamos de un Estado a otro.
Pero lo que Argentina requiere de La Haya es que determine hasta dónde un Estado puede bloquear los pagos que otro está dispuesto a hacer, o embargar bienes para hacer cumplir sentencias afectando a terceros. Lo difícil es que si la Corte Internacional tome el caso, porque primero EEUU debería aceptar esa jurisdicción.
La expectativa se centra en la aceptación o no de la denuncia argentina en la competencia de la CIJ y porque el Gobierno estadounidense ya no podrá escudarse en la división de poderes, como hasta ahora. Y aún cuando no quiera involucrarse, nada podrá cambiar la figura de un pleito de Estado a Estado.