La inseguridad creciente revela diversas modalidades delictivas y la reacción de la comunidad que se siente indefensa y actúa por impulsos sin medir las consecuencias. Las prevenciones de la gente apuntan a evitar los arrebatos en la vía pública, proteger sus propiedades con modernos sistemas de cerramiento o con elementos de alto riesgo, como el alambrado electrificado en una finca de Chimbas, que provocó el miércoles último la muerte de un joven de 15 años. También están quienes se han provisto de armas en un intento de contrarrestar a los delincuentes.
En esta situación se observa la actitud de los padres de los alumnos que concurren al colegio privado San Martín de Tours, en la exclusiva zona de La Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires, que decidieron comprarles gas pimienta a sus hijos para que se defiendan ante la ola de arrebatos, ataques personales y robos que se registran allí. Las autoridades del establecimiento, conscientes del peligro que eso representa para el propio alumnado, han solicitado a los padres que no pierdan la cordura y que no pongan en manos de sus hijos auténticas armas que pueden causarles más daños que beneficios. También reconocieron las limitaciones de la institución escolar para solucionar la inseguridad que los rodea, pero aseguraron que buscan otros medios para hacer frente al problema.
Hacer justicia propia o armarse en defensa personal o los bienes, son decisiones de altísimo riesgo porque el inexperto se enfrenta a elementos peligrosos. Es el Estado quien debe brindar seguridad por premisa constitucional, garantizando la paz social a través de sus mecanismos idóneos, sin que los ciudadanos se expongan a situaciones para las que la gran mayoría no está preparada.