El derecho constitucional de peticionar a las autoridades las correcciones de situaciones que no han sido debidamente consideradas, a pesar de la resonancia mediática, no es presión extemporánea de connotaciones políticas sino como un sano ejercicio de la democracia.
Esa fue la intención de una atípica solicitada publicada hace una semana en los principales diarios porteños y firmada por más de 300 personalidades calificadas por trayectoria e imparcialidad, a fin de pedir la remoción del juez federal Daniel Rafecas. No es habitual canalizar así un reclamo colectivo, pero es absolutamente lícito ante las serias dudas planteadas por la actuación del magistrado.
El desempeño de Rafecas en casos resonantes fue cuestionado hasta por el sentido común, por desestimarlos y archivarlos rápidamente. Si en algo se destaca la Justicia argentina, es en el manejo de los tiempos, por lo que la forma de proceder del juez no sólo presume irresponsabilidad procesal sino serias sospechas de favoritismo hacia los involucrados.
Es que contra toda lógica, dejó perplejos a quienes esperaban una profunda investigación en torno a la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la expresidenta Cristina Fernández y el entonces canciller Héctor Timerman, además de políticos vinculados al gobierno anterior, en el presunto encubrimiento a los ciudadanos iraníes que habrían ejecutado el atentado contra la AMIA, en el que murieron 85 personas. Pero lejos de disponer profundizar la investigación a partir de las valiosas pruebas documentadas por Nisman, en la búsqueda de nuevos elementos para fortalecer las denuncias, Rafecas cerró y archivó el expediente en tiempo récord.
Como si fuese poco este desmanejo, el juez cuestionado rechazó una nueva presentación en la que se habían agregado nuevos elementos probatorios a lo señalado por Nisman, sin dejar dudas de sus omisiones que generan múltiples especulaciones sobre su investidura. En declaraciones radiales Rafecas calificó de ‘inaudita” a la solicitada ‘nunca vista en 30 años de democracia”, dijo, y se sintió víctima de una persecución
El Consejo de la Magistratura debería recordar que el mal desempeño lleva a la destitución prevista en la Constitución y aquí sobran motivos para un jury de enjuiciamiento.