Tal vez sea porque muchos periodistas estamos pegados al televisor viendo la Copa Mundial, o porque le dedicamos demasiado tiempo a las diatribas diarias del presidente Trump contra los inmigrantes, pero lo cierto es que la matanza de más de 200 manifestantes antigubernamentales en Nicaragua debería estar recibiendo mucha más atención internacional.

En los últimos dos meses, el régimen del presidente nicaragüense Daniel Ortega ha matado a más personas en protestas callejeras en su país que el dictador venezolano Nicolás Maduro en su represión contra los manifestantes de ese país sudamericano durante todo el año pasado. Y Nicaragua tiene una población de sólo 6 millones, comparada con los 32 millones de Venezuela.

Y sin embargo, sorprendentemente, Nicaragua no está en las primeras planas de los diarios estadounidenses o latinoamericanos. Y no se escucha hablar mucho sobre posibles sanciones internacionales contra altos funcionarios del régimen nicaragüense, como las sanciones financieras y de visas que varios países han impuesto a altos funcionarios venezolanos.

No es que haya muchas dudas sobre quién es el culpable de las muertes en Nicaragua. Los grupos de derechos humanos coinciden en que el régimen de Ortega y sus matones vestidos de civil, apoyados por la policía, son los responsables del baño de sangre.

Según un informe del 22 de junio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, hubo 212 muertos, 1.337 heridos y 507 arrestos desde que estallaron los disturbios callejeros a fines de abril hasta esa fecha. Al menos una docena más de manifestantes y transeúntes han muerto desde entonces.

La Iglesia Católica de Nicaragua, que está mediando entre el régimen y la Alianza Cívica -una coalición de estudiantes, sindicatos, grupos empresariales, académicos e intelectuales- le ha pedido a Ortega que convoque elecciones anticipadas para marzo de 2019 como condición para proseguir conversaciones de paz. La mayoría de los miembros de la Alianza Cívica quieren que Ortega se vaya de inmediato.

Incluso la comunidad empresarial de Nicaragua, que hasta hace poco en la práctica apoyaba a Ortega, ahora exige oficialmente que el presidente renuncie o elecciones anticipadas. Y hasta Humberto Ortega, el hermano del presidente y fundador del Ejército Sandinista, me dijo en un mensaje de texto que él también apoya que se realicen elecciones anticipadas.

El mandato del presidente Ortega vence en 2022. El presidente está en el poder desde 2007, y siguiendo el modelo venezolano se reeligió en unas elecciones poco creíbles en 2016.

¿Debería el gobierno de Trump imponer sanciones a los funcionarios nicaragüenses, como lo ha hecho con altos funcionarios venezolanos? La respuesta es sí, pero conjuntamente con otros países europeos y latinoamericanos. Unas sanciones unilaterales de Trump podrían ayudarle a Ortega a hacerse la víctima y a recobrar cierto apoyo de sus bases sandinistas, según me dijeron algunos líderes opositores nicaragüenses.

Ahora, es tiempo de que el mundo ponga más atención al baño de sangre que está teniendo lugar en ese país centroamericano, y los países tomen medidas al respecto.